Luego de una nueva ronda de acusaciones de corrupción contra el presidente Pedro Castillo, el Congreso de Perú había programado una votación para el miércoles por la tarde sobre una nueva moción para acusarlo, el tercer intento de este tipo.
Desde el comienzo de su mandato, Castillo ha sido señalado en escándalos de corrupción de alto nivel, investigaciones criminales y cambios de gabinete. Los fiscales lo han acusado de liderar una organización criminal con legisladores y familiares para lucrar con contratos gubernamentales, además de obstruir repetidamente la justicia. El mes pasado, el líder peruano también amenazó con disolver el Congreso mediante una controvertida maniobra constitucional y los medios de comunicación locales informaron recientemente que trató de encuestar a los líderes militares sobre el apoyo a tal medida.
En lo que va del mandato de Castillo, han pasado más de ochenta ministros que dejaron sus puestos (que fueron ocupados por aliados políticos que carecían de experiencia relevante) y algunos de los cuales han enfrentado investigaciones por corrupción, violencia doméstica y asesinato. Después de que el ministro de Defensa de Castillo renunciara el sábado pasado aduciendo motivos personales, los rumores de un golpe militar (a favor y en contra de Castillo) se volvieron virales en las redes sociales, lo que llevó a algunos legisladores de la oposición a pasar la noche del domingo en el Congreso por temor a un violento intento por parte de las Fuerzas Armadas de cerrar la Cámara, lo cual no ocurrió. El jefe del Ejército de Perú presentó este martes su renuncia, alegando razones personales.
Sin embargo, fue hasta hoy, miércoles 7 de diciembre, que el presidente de Perú fue destituido después de intentar disolver el Congreso e instalar un gobierno de emergencia para gobernar por decreto, una medida sorprendente que los líderes políticos de todo el espectro denunciaron rápidamente como un intento de golpe de Estado. El anuncio de Castillo se produjo horas antes de que el Congreso programara una votación sobre el juicio político por cargos de corrupción. Después del discurso del mandatario, el Congreso adelantó su reunión y rápidamente votó para destituirlo.
La decisión de Castillo parecía evocar una medida similar a la del presidente Alberto Fujimori, quien fue elegido democráticamente en 1990 y dos años después dio un golpe de Estado con el apoyo de los militares y gobernó como dictador hasta el 2000. Ahora Fujimori está en prisión, acusado de corrupción y abusos a los derechos humanos.
Perú se ha visto afectado por años de casos de corrupción de alto nivel que resultaron en el paso de seis presidentes desde 2016. El mandato de Castillo sólo había profundizado la sensación de que el sistema político del país está roto. El intento del actual presidente de desafiar al Congreso se sumó a la frágil democracia, que se encuentra en su mayor crisis política en años.
“Hemos tomado la decisión de establecer un gobierno de emergencia, para restablecer el Estado de derecho y la democracia”, dijo Castillo, y agregó que se realizarán elecciones para un nuevo Congreso “con la capacidad de redactar una nueva Constitución”.
Pero rápidamente se hizo evidente que su anuncio tenía poco apoyo, lo que provocó la renuncia masiva de gran parte de su gobierno y una declaración conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía de Perú sugiriendo que Castillo no tenía la autoridad legal para llevar a cabo su decreto y que no había que apoyarlo. La televisión local mostró imágenes de él y su familia saliendo del palacio presidencial. Lo llevaron a una estación de policía en Lima, aunque no estaba claro qué cargos enfrentaba.
Hasta ahora, Castillo se encuentra bajo arresto y su vicepresidenta, Dina Boluarte, prestó ya juramento como presidenta, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir el país. “Necesitamos lo mejor de los peruanos”, dijo Boluarte, de 60 años de edad, abogada y funcionaria pública desde hace mucho tiempo; “Gobernar Perú no será una tarea fácil”.
Tras el repentino anuncio del mandatario, su abogado personal y varios miembros de su administración renunciaron, incluidos los ministros de Economía, Justicia y Derechos Humanos, Medio Ambiente, Transporte, Cultura y Mujer; el embajador ante la Organización de los Estados Americanos y el ministro de Relaciones Exteriores, quien tuiteó que la decisión del presidente estaba “violando la Constitución”.
“Se ha producido un golpe de Estado”, dijo Francisco Morales, titular de la Corte Constitucional, e hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para ayudar a restablecer el orden.
La Defensoría del Pueblo exigió “la renuncia inmediata” del presidente y llamó al líder peruano a entregarse a las autoridades judiciales.