1. La raya
En el flamante Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, presentado el pasado 1o de mayo por el presidente de México, el gobierno se propone “Reformular el combate a las drogas”. Lo que algunos medios y sus columnistas han considerado un documento “absolutamente fantasioso”, “un libro de economía… ¡cubana!” o “una novela de ficción”, representa una herramienta de gestión que propone, al menos discursivamente, un cambio de paradigma y un para nada menor intento de virar el rumbo sangriento de los últimos años en México.
A través de las redes sociales, Andrés Manuel López Obrador resaltó las características del Plan, argumentando con sonrisa pícara que “no se ajusta a los dictados de los organismos financieros internacionales y de los gobiernos extranjeros”. El documento está inspirado –dice– “en el plan del partido liberal de los hermanos Flores Magón y en el plan sexenal del presidente Lázaro Cárdenas”, cuyo gobierno implementó políticas de drogas alternativas al prohibicionismo y representa un antecedente de regulación de sustancias en el país.
2. Hashtag Políticas De Drogas
Pensar hoy las políticas públicas en materia de drogas requiere hacer un viaje, por lo menos, hacia fines del siglo XIX/principios del XX de ida y vuelta hasta la actualidad. Se hace necesario un pantallazo general sobre los acuerdos internacionales respecto a ciertas sustancias –y su vaivén entre legalidad e ilegalidad–, así como las singularidades de algunos países en sus periplos para enfrentar las problemáticas de consumo, que nos permita comprender de mejor manera la temática y lo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.
Las particularidades del caso mexicano hacen de este tema una especie de caja de Pandora, comenzando por su condición geográfica irrenunciable. Siendo parte del continente americano y de la subregión del norte, México habita la zona que concentra el mayor nivel de producción y consumo de cocaína en el mundo (América), y forma parte del mercado más importante para la misma sustancia, además de que el consumo de fármacos opioides con fines no médicos está adquiriendo dimensiones de epidemia (América del Norte). También se concentra en esta región el mayor tráfico de metanfetaminas, junto con Asia oriental y sudoriental, según las cifras de la ONUDC de 2018.
Por si esto fuera poco, México atraviesa actualmente una crisis humanitaria debido a las cifras que han arrojado 12 años de “guerra contra el narcotráfico”: más de 100 mil muertes violentas relacionadas con esta estrategia, alrededor de 40 mil desaparecidos y cerca de 2 mil fosas clandestinas en veinticuatro estados de la república, si atendemos las cifras del INEGI de 2018.
Si bien este escenario pareciera ser argumento suficiente para demostrar el fracaso de las políticas de drogas implementadas en México –sobre todo a partir de 2006 cuando, sin cuestionamiento alguno, el entonces presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, declara la “guerra contra las drogas”–, la complejidad de la temática nos obliga a no simplificar la trama y a evitar un pensamiento lineal.
3. La prohibición
A principios de 1900 se firman los primeros documentos internacionales no vinculantes sobre la prohibición del opio, la gran preocupación de la época. México participa, firma y ratifica los acuerdos internacionales, principalmente para avalar la visión estadounidense sobre las drogas y evitar suspicacias relativas al comercio a través de la compartida frontera. Sin embargo, el consumo recreativo de opio en México se mantenía asociado a las clases sociales altas y la discusión sobre su regulación se fortalecía bajo el argumento de que la desregulación desprestigiaba su uso médico.
Unos años más tarde (1920), la prohibición se fortaleció y sumó a la lista otras sustancias, entre ellas la marihuana y, un poco después en Estados Unidos, el alcohol. Por aquel entonces se pensó que la aplicación de políticas prohibicionistas mediante tratados bilaterales por parte del presidente Plutarco Elías Calles, ayudaría a aliviar tensiones con el país vecino, incluyendo en las prohibiciones la importación de todos los narcóticos (1923), acciones judiciales contra traficantes y usuarios de algunas sustancias (1925); sin embargo, estas acciones propiciaron que la frontera norte de México se consolidara como una franja de tráfico ilegal de diversas sustancias.
Esta dinámica prohibicionista se ha mantenido a lo largo de los años y vemos aún hoy sus consecuencias. Durante todos estos años se crearon organismos internacionales como la ONU (1945), abocados a enfrentar las “problemáticas internacionales”, y dentro de ésta la Comisión de Estupefacientes “para asistir en la supervisión de la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas”; se incrementó la lista de sustancias ilegales –donde el alcohol estuvo durante 13 años–; se creó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (1968), “encargada de vigilar la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas”; se endurecieron las acciones judiciales y la persecución de sustancias y consumidores, además de la injerencia directa en distintos países para atender las problemáticas de tráfico de sustancias ilegales, cuyo pináculo ha sido la “guerra contra las drogas” (1971). Nunca sobra decir que en ninguna guerra hay ganadores, sólo víctimas, vencidos, viudas, huérfanos, muertes.
4. El paréntesis mexicano
Frente a las complicaciones generadas por la prohibición de sustancias en México –el incremento en el consumo, el tráfico y la violencia por el control de territorios y mercancías–, el gobierno de Lázaro Cárdenas reconsideró la estrategia global y propuso una modificación al Reglamento Federal de Toxicomanías (1940). La publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación se convirtió en el primer ensayo regional en la búsqueda de alternativas al prohibicionismo con una base sólida en sus consideraciones:
“Que para combatir la toxicomanía y el tráfico de drogas enervantes se dictó el Reglamento Federal de Toxicomanías que ha venido rigiendo desde 1931 y que establece como sistema la persecución y denuncia de los toxicómanos y traficantes de drogas. Que la práctica ha demostrado que la denuncia sólo se contrae a un pequeño número de viciosos y a los traficantes en corta escala, quienes por carecer de suficientes recursos no logran asegurar su impunidad. Que la persecución de los viciosos que se hace conforme al Reglamento de 1931 es contraria al concepto de justicia que actualmente priva, toda vez que debe conceptuarse al vicioso más como enfermo a quien hay que atender y curar, que como verdadero delincuente que debe sufrir una pena. Que por falta de recursos económicos del Estado, no ha sido posible hasta la fecha seguir procesos curativos adecuados con todos los toxicómanos, ya que no ha sido factible establecer el suficiente número de hospitales que se requieren para su tratamiento. Que el único resultado obtenido con la aplicación del referido reglamento de 1931, ha sido la del encarecimiento excesivo de las drogas y hacer que por esa circunstancia obtengan grandes provechos los traficantes”.
Durante los 6 meses que duró el paréntesis mexicano, las tareas relacionadas con la atención a las problemáticas de drogas en México estuvieron en manos de la Secretaría de Salubridad Pública, enfocadas en el desarrollo del bienestar de los ciudadanos como sujetos de derechos, la reducción de riesgos y daños en las prácticas de consumo, la consagración de las libertades individuales y el cuidado de la salud.
Sin embargo, la promulgación y el cambio de estrategia generaron diferencias con el vecino país del norte, que suspendió la exportación de drogas para fines médicos que México importaba de Gran Bretaña, Suiza, Holanda y Francia, y tenían a Estados Unidos como país de tránsito. Sustancias como la morfina, de la cual México no tenía permisos para siembra y comercialización por parte de la Liga de las Naciones, eran utilizadas para los tratamientos que brindaba el Estado para pacientes “toxicólogos”. La decisión de impedir el paso de estas sustancias entorpeció las políticas explicitadas en el nuevo Reglamento y conminó al gobierno mexicano a entablar conversaciones diplomáticas al respecto. Tras la presión ejercida por Estados Unidos y la interrupción del paso de sustancias por territorio americano, el nuevo Reglamento fue derogado por el Estado mexicano y las políticas restrictivas volvieron a regir en el país.
La derogación del Reglamento Federal de Toxicomanías debido a la presión aduanera por parte de los Estado Unidos, generó una dinámica que complicó las relaciones bilaterales. Del lado mexicano de la frontera, las instituciones de salud se vieron limitadas en su accionar, al tiempo que el mercado negro ganó posición de venta y trasiego. Frente a este panorama, el Estado mexicano se vio orillado a dejar en el ámbito policial las tareas relativas a las problemáticas de drogas, entrando al escenario la Procuraduría General de la República.
5. Reformular el combate a las drogas
Las similitudes de los mejores 6 meses en materia de políticas de drogas en México y lo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo son evidentes y por lo tanto el entusiasmo debe ser mesurado. Si bien el contexto internacional es diferente, teniendo en cuenta la regulación del consumo de marihuana en la región (Uruguay, Canadá y una mayoría de estados de Estados Unidos), los intereses económicos y las problemáticas asociadas al consumo de sustancias representan un asunto delicado. Sin embargo, es posible hacer un acercamiento a lo propuesto por el Ejecutivo al congreso:
“En materia de estupefacientes, la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no sólo por la violencia que ha generado sino por sus malos resultados en materia de salud pública: en la mayoría de los países en los que ha sido aplicada, esa estrategia no se ha traducido en una reducción del consumo. Peor aún, el modelo prohibicionista criminaliza de manera inevitable a los consumidores y reduce sus probabilidades de reinserción social y rehabilitación. La “guerra contra las drogas” ha escalado el problema de salud pública que representan las sustancias actualmente prohibidas hasta convertirlo en una crisis de seguridad pública. La alternativa es que el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la prohibición de las sustancias que las generan y se dedique a mantener bajo control las de quienes ya las padecen mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados y bajo supervisión médica. La única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas reside en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas –masivos, pero personalizados– de reinserción y desintoxicación. Ello debe procurarse de manera negociada, tanto en la relación bilateral con Estados Unidos como en el ámbito multilateral, en el seno de la ONU.”
La ausencia de cifras –o la opacidad sobre las mismas–, sobre todo en lo relativo a la reducción o incremento del consumo durante la “guerra contra las drogas”, representa una falencia que ha sido parte de la estrategia misma. Hoy en día es difícil establecer números reales sobre la prevalencia del consumo y su vinculación con la prohibición, de la misma manera que es difícil tener claridad sobre las cifras mortales de la guerra. México representa para otros países, quizás detrás de Colombia, el ejemplo de fracaso de la estrategia y la necesidad de encontrar alternativas al prohibicionismo.
Por otra parte, el trabajo de descriminalización de los consumidores requerirá de programas de prevención y capacitación en todos los ámbitos y niveles de la sociedad, dejando en manos de la salud pública lo relativo a la reinserción y/o rehabilitación, porque el consumo de sustancias no es un padecimiento en sí mismo, pero sí una conducta que puede tornarse problemática, y esta distinción no logra instalarse en el imaginario de la noche a la mañana.
Levantar la prohibición de las sustancias que actualmente son ilícitas es una política que ya funciona en otros países con resultados positivos a la vista y de los cuales pueden aprenderse muchas cosas, aterrizando las estrategias al contexto local y de época. De la misma manera, buscar que las modificaciones se lleven delante de manera negociada bilateralmente con los vecinos del norte y del sur, así como con los organismos internacionales, permitirá que esta nueva alternativa al prohibicionismo no sea otra llamarada de petate.
Más allá de las buenas intenciones, lo descrito en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en materia de drogas es una herramienta de gestión que representa un camino a recorrer, una hoja de ruta en el descalabrado presente de México y, en algunos casos, una utopía que ya se encuentra en el Congreso.
Twitter del autor: @horitzontal