Desde los inicios de la democracia existe el debate sobre si los políticos son sensibles a sus electores, discusión que se ha prolongado a lo largo del tiempo. Aunque este tipo de debates se remonta a siglos anteriores, recientemente diversos académicos han conseguido la posibilidad de utilizar los datos para probar qué tan bien representan las legislaturas al pueblo que supuestamente sirven.
Hasta ahora, la evidencia no ha sido amable, con dos destacados académicos discutiendo recientemente que "las preferencias del ciudadano promedio en Estados Unidos parecen tener casi 0, el impacto minúsculo, estadísticamente no significativo en las políticas públicas".
Eso significa para la academia que "la democracia estadounidense es una broma".
Gran parte del trabajo académico, y casi toda la cobertura de prensa de campo, se ha centrado exclusivamente en Estados Unidos. En un nuevo documento de trabajo una luminaria en el campo, el politólogo Larry Bartels amplía su análisis para explorar la relación entre la política y las preferencias del público en la arena internacional. En primer lugar, Bartels encuentra un aumento en la demanda de garantías individuales más fuerte a través de muchos países donde los datos se remontan a más de 2 décadas, entre ellos EE.UU. (de hecho, el apoyo a un mayor gasto social ha aumentado más drásticamente en ese país). Lo logra mediante el uso de una pregunta que pide a los individuos indicar dónde les gustaría más gasto público. La pregunta señala que el aumento de impuestos puede ser necesario para impulsar el gasto del gobierno, y aunque hay ocho áreas de gasto en los datos de International Social Survey Programme (ISSP), Bartels se centra en cuatro: las pensiones, la sanidad, las prestaciones por desempleo y la educación.
Si bien, inicialmente pareciera que los legisladores responden a cambios en las preferencias del público, el autor demuestra que, de hecho, los cambios son endógenos.
Bartels encuentra diferencias enormes en las preferencias entre ricos y pobres sobre gasto social, recorte de presupuesto y "valores de Estado de bienestar".
El investigador reflexiona acerca de los valores del Estado de bienestar con estas preguntas: 1) En general, ¿cree usted que debe o no debe ser responsabilidad del gobierno proporcionar un trabajo para todo el que quiera uno? y 2) En general, ¿cree que debe o no debe ser responsabilidad del gobierno reducir las diferencias de ingresos entre los ricos y los pobres?
Según muestra un gráfico realizado, los ricos son los que apoyan menos el gasto social, están más a favor de los recortes presupuestarios y se oponen a que el gobierno garantice el empleo y la reducción de los valores (Estado de bienestar) de desigualdad.
EE.UU. fue líder en cuanto a lucha de clases, con la mayor brecha de cualquier nación entre ricos y pobres y en gasto social, la segunda brecha más alta en las preferencias de recorte presupuestario (sólo Finlandia tenía un mayor nivel de conflicto de clases) y la cuarta mayor brecha en los valores del Estado de bienestar (después de los Países Bajos, Suecia y Nueva Zelanda). Los países nórdicos tenían las más altas discrepancias de opinión, lo cual sugiere que muchos de los ricos pueden sentir que el país ha ido demasiado lejos para reducir la desigualdad y la provisión de bienes públicos. En sólo un país, Corea del Sur, los ricos eran más partidarios de un mayor gasto social que los pobres. En todos los países, los ricos apoyan menos los valores del Estado de bienestar que los pobres.
Cuando Bartels comparó las preferencias políticas de los ricos y los pobres con los resultados de las políticas actuales sus resultados fueron preocupantes. Él encuentra que las preferencias de las personas con bajos ingresos no tenían prácticamente ningún efecto sobre los resultados políticos.
Entonces, en una contribución profundamente original e importante para la literatura, el autor estima que el efecto de la igualdad de representación sería en el gasto social, y utiliza esa medida para la conclusión de que, por el contrario, la capacidad de respuesta sesgada reduce el gasto social real per cápita en un 28%. En EE.UU. se encuentra con que la brecha es de alrededor de 40%.
Para repetir: el gasto social en ese país es 40% de lo que sería si los legisladores no reaccionaran de manera tan desproporcionada hacia los ricos.
Un artículo del investigador Derek A. Epp actualmente en revisión, sugiere un posible origen del problema: "Durante los períodos de alta desigualdad el gobierno se involucra en un menor número de actividades políticas en un rango más estrecho de temas".
Las agendas de los pobres y los ricos son diferentes, las clases pobre y media tienden a estar más preocupadas por cuestiones de redistribución, como la pobreza y el salario mínimo.
La literatura sobre desigualdad y democracia continúa ampliándose dramáticamente. No ha habido aumento de la investigación en el ámbito estatal, así como nuevos estudios que examinen la raza, el género y las interacciones entre raza y clase.
Las soluciones son fáciles de imaginar, lo difícil es ponerlas en práctica. Los sindicatos promueven tanto la igualdad económica como la política, y ambos empujan hacia arriba los salarios de los trabajadores y movilizan políticamente los intereses de la clase media.