Volver ilegal el escrutinio público es una táctica que utilizan los gobiernos autoritarios para congraciarse exteriormente con información oficial, imposibilitando cualquier ejercicio de transparencia
En la línea del debate sobre la transparencia y su paradójica opacidad --explorada por el filósofo Byung-Chul Han, el gobierno de Tanzania está dando una lección de legislación en materia de corrupción: el parlamento ha aprobado una iniciativa para criminalizar la publicación de ciertas estadísticas o datos que puedan interpretarse como contrarios al discurso oficial.
Tanzania es uno de los países que gozan de mayor apoyo de la Millennium Challenge Corporation, que le destinó un paquete de ayuda por 698 millones de dólares en 2008. El país depende en gran parte de estos paquetes, pero las tensiones políticas pueden disuadir a los comités que los otorgan.
El problema es que cuatro altos oficiales del gobierno presentaron su renuncia después de un escándalo por un multimillonario fraude, y al menos otros cinco escándalos de corrupción de alto nivel han permanecido durante largo tiempo bajo el escrutinio internacional. La ley contra las estadísticas (a la que seguirá otra legislación contra crímenes cibernéticos, tales como publicar opiniones "difamatorias") se aprobó al vapor y virtualmente en secreto, pues no se puede consultar más que uno de sus seis postulados.
Según los analistas Ruth Carlitz y Keith Weghorst, garantizar el control del discurso público resulta fundamental para una economía que depende por completo de la buena apariencia de su gobierno. Es bajo esa perspectiva que los ciudadanos podrán ser arrestados si el gobierno considera que cierta información publicada por ellos en línea pero también impresa --especialmente aquella considerada tendenciosa según los paranoicos parámetros gubernamentales, o que pueda "perturbar la paz pública", al igual que llevar a "confusiones e imprecisiones"-- pudiera manchar su imagen frente al mundo.
Irónicamente, la gente de Tanzania no se entera de nada. La ley contra la transparencia de la información ni siquiera pretende justificar internacionalmente la torpe actuación de las autoridades en el control de daños, sino hacer inaccesibles las evidencias a sus propios ciudadanos, volviendo dichas evidencias ilegales.