Barrett afirma que estos elementos de seguridad provenientes de Estados Unidos “se disfrazan de militares mexicanos para tomar parte en operativos armados contra sospechosos en México”, basándose “en personas familiarizadas con la operación”. Los elementos involucrarían a oficiales del Buró Federal de Investigación (FBI) y de la DEA.
Según su reportaje, las misiones cuentan con la aprobación de los US Marshals y de la Armada de México: “Los riesgos se volvieron claros el 11 de julio, cuando la Armada de México y un puñado de US Marshals disfrazados de militares recibieron disparos en un campo remoto del estado de Sinaloa. Un estadounidense fue alcanzado y herido [además de un militar mexicano que lo ayudó], y en el tiroteo que siguió, más de media docena de presuntos soldados de un cartel fueron asesinados”.
La embajada de México en Estados Unidos negó que tales operaciones tuvieran lugar en terrotorio mexicano. A través del portavoz Ariel Moutsatsos-Morales, la embajada afirmó que “los miembros de agencias de seguridad extranjera o militares extranjeros, incluyendo los de EE.UU., no están autorizados para portar armas en territorio mexicano, y ninguno está autorizado para participar en operativos u otras operaciones armadas de seguridad".
La Constitución mexicana prohíbe la participación de fuerzas armadas extranjeras en territorio nacional, aunque las condiciones de la ley (que pueden admitir el rol de asesoría o intercambio de inteligencia) pueden dar lugar a zonas grises. En el caso expuesto por Devlin en el WSJ, por ejemplo, se explica la intervención de personal de seguridad estadounidense en la búsqueda de un grupo ligado al cartel de los Beltrán-Leyva de este modo:
Un grupo de Marshals se vistió de militares y tomó armas del Ejército. A medida que los soldados mexicanos avanzaban a pie, un pequeño avión piloteado por US Marshals vigilaba el objetivo desde el aire, asesorando a los colegas en tierra, que a su vez guiaban a los de a pie. El personal de la DEA y el FBI permanecieron a 1 milla o más de distancia en un vehículo blindado, observando y asesorando. Los hombres caminaron a través de un campo hacia el sitio. Cuando se acercaron a una línea de follaje, tiradores escondidos abrieron fuego. Un empleado de los US Marshals con rango de inspector fue herido en el brazo y cayó. Un soldado mexicano corrió para ayudarlo y también fue alcanzado. Luego, otro tiro le dio al estadounidense en el torso. Después del tiroteo, el estadounidense herido fue llevado por aire a un hospital de Culiacán, donde recibió cuidados hasta que pudo ser llevado a un hospital de San Antonio.
Mike Vigil, jefe de operaciones internacionales de la DEA, explicó que “hasta hace no mucho tiempo, no había forma de que [agencias de seguridad de los EE.UU.] pudieran conducir el tipo de actividades que realizan ahora, y la única forma en que seguirán siendo capaces de hacerlo es otorgarle a México denegabilidad plausible”, esto es, permitir que el gobierno mexicano permanezca virtualmente ignorante de tales operaciones.
La armada de México también negó las acusaciones del WSJ, declarando por escrito: “Negamos firmemente que autoridades de EE.UU. o de cualquier otro país, dado el caso, hayan participado con soldados de la Armada de México en operaciones tácticas de campo contra miembros del crimen organizado utilizando uniformes y armas mexicanas”.