Con el usual argumento de que un requisito educativo atentaría contra los derechos políticos de la población, tras casi dos siglos de contar con un poder legislativo en México (en 1821 se instauró un Congreso Constituyente), aún no se aplica un filtro básico que acredite la preparación de estos funcionarios. Recién se aprobó una reforma política, pero tampoco se añadieron requisitos de conocimiento para los legisladores.
La lógica diría que, para decidir una nueva ley, como mínimo debe conocerse de derechos humanos, leyes, cultura general y sobre todo, dominarse datos sobre el estado socioeconómico del país: un panorama sobre salario mínimo, demografía, estadísticas sobre servicios básicos, salud o pobreza; pero el razonamiento dominante es que los legisladores tienen asesores técnicos para esos temas.
Sin asegurar que una licenciatura otorgará los conocimientos mínimos para ser un legislador enterado, lo cierto es que cerciorar que los tomadores de decisiones están bien preparados es elemental. Hace un siglo, cuando la escolaridad era ínfima (había 80% de analfabetismo), el argumento de la inhibición de los derechos políticos por exigir escolaridad era razonable. Hoy, esta lógica es limitada (la cobertura de preparatoria es de 71.3%, según cifras de la UNAM). Un examen de conocimientos básicos sería un instrumento primordial para depositar nuestra confianza en los tomadores de decisiones, y ese sería sólo el primer paso para afinar el poder legislativo en este país.
Twitter de la autora: @anapauladelatd
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