Hasta hace 20 años el periodismo mexicano estaba completamente viciado. Los setenta años que se mantuvo en el poder el PRI consolidaron un gremio corrupto, sumiso o perseguido. Durante ese largo periodo, el gobierno controlaba el papel de la imprenta para los medios, y la versión oficial era la que aparecía, tal cual, en la prensa –con muy contadas excepciones. Los disidentes eran amedrentados en automático por el sistema. Hoy, aunque la libertad de prensa ha avanzado, las agresiones contra los periodistas, ligadas a la crisis de violencia que vive el país, han aumentado. Alarmantemente la mayoría de las agresiones a los reporteros han sido perpetuadas por la autoridad.
Article 19, la ONG en favor de la libertad de expresión, ha denunciado incansablemente el crecimiento de la violencia hacia los periodistas en la última década. En su reciente informe anual constató que el año pasado fue el más violento para los comunicadores. En promedio, cada 26 horas fue agredido un periodista. Lo más alarmante es que, según el reporte, 6 de cada 10 agresiones fueron ejecutadas por funcionarios públicos.
En el 2013 se incrementaron 59% las agresiones, 123 más que en el 2012. En total, fueron 286 periodistas agredidos y 330 ataques generales, incluyendo el ataque a las instalaciones de algunos medios. 64% de las atentados sucedieron en sólo cuatro estados: 14 ataques en Coahuila, 5 en Quintana Roo, 5 en Durango y 4 en Veracruz.
Ese año México fue declarado el país más peligroso para ejercer el periodismo, según los parámetros de la ONU, rebasando a naciones con conflictos armados.
La libertad de prensa es clave para desarrollar la libertad de opinión, decisión y pensamiento. Es un derecho político indispensable. El hecho de que las autoridades estén implicadas en 60% de los ataques es una muestra de la corrupción del país –pues las autoridades se resisten a que los periodistas investiguen las viciadas redes de operación que se han formado por tantos años.
Darío Ramírez, director de Article 19 México, reconoce que cada vez existe mayor cobertura en los medios de comunicación sobre los ataques a los periodistas. Hacer buen periodismo, como lo señala Lydia Cacho, implica investigación, e indagar en este país es peligroso, pues llevamos muchos años conviviendo con una corrupción arraigada.
Cuando en el 2000 llegó al poder un partido distinto, tras 70 años de priísmo, las instituciones no se transformaron, y la corrupción se mantiene en las venas de la política del país. En este sentido los periodistas tienen un papel esencial para denunciar las omisiones de los funcionarios y los problemas sociales, y para exigir transparencia. Pero quizá también nosotros hemos ignorado nuestra responsabilidad social para exigir un cambio en las estructuras y modelos, mismos que históricamente han permitido que la corrupción sea hoy parte del ADN de la vida pública en este país.