El pasado 31 de julio, el mundo recibía con sorpresa una noticia procedente de Uruguay, un pequeño país ubicado en el extremo sudoriental de Sudamérica, y cuyo presidente, José Mújica, ha destacado por la franqueza y coherencia de sus intervenciones en las Naciones Unidas. Tras sesionar durante 14 horas, la Cámara de Diputados aprobaba una iniciativa de ley, promovida por el propio Mújica, para legalizar la producción, comercialización y consumo de marihuana en este país.
De acuerdo al sistema uruguayo, tras la aprobación en la Cámara, la iniciativa de ley debía ser refrendada por el Senado, algo que ayer, 10 de diciembre, ocurrió. Con esto, Uruguay se coloca como la punta de lanza en una nueva tendencia dentro de las políticas gubernamentales para lidiar con la demanda: despenalizar y regular el consumo de marihuana, y controlar el mercado."Queremos arrebatarle al narcotráfico su mercado", advirtió el presidente José Mujica, durante una reciente intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Hoy resulta obvio que tras décadas de promover fervientemente esta política, y gastando anualmente más de cien mil millones de dólares en esta errática lucha, los únicos ganadores son aquellos grupos que se benefician del tráfico ilegal: el crimen organizado, las corporaciones que abastecen de servicios al sistema carcelario de Estados Unidos (tan solo en 2009 fueron apresadas 1.6 millones de personas por delitos relacionados a drogas), y aquellos bancos que se han prestado al lavado de dinero de los cárteles de la droga, entre otros. Hoy, luego de décadas de un discurso visceral y nefastos resultados, la “guerra contra las drogas” es una postura insostenible.
De acuerdo con Evan Wood, fundador del International Centre for Science in Drug Policy:
En todas las métricas, la guerra contra las drogas –que se calcula que le ha costado a los países de América del Norte billones de dólares– ha sido altamente ineficaz. Las drogas cada vez permean más la sociedad.
Si bien con la ratificación del Senado sólo resta la promulgación oficial por parte del Ejecutivo, para que la ley entre ya en vigor, su implementación requiere tiempo para establecer las pautas operativas. Dentro del modelo aprobado se incluye la creación del Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCC), el cual, en términos generales, regulará las actividades en torno a la marihuana. El gobierno cosechará y venderá cannabis mediante un programa regulado. También se habilita el autocultivo y los clubes de membresía. El precio será de un dólar por cada gramo, y aquellos que decidan acceder al sistema de abastecimiento, deberán registrarse en una base de datos confidencial.
Dentro de las restricciones, se contempla un máximo de 40 gramos al mes, como tope permitido para cada usuario registrado. En el caso de optar por el autocultivo, se establece un máximo de seis plantas por hogar, mientras que no podrá consumirse en espacios públicos cerrados –como sucede actualmente con el tabaco–, y tampoco conducir cualquier tipo de vehículos bajo su efecto –lo mismo que en el caso del alcohol–. Aquellos que cultiven la planta sin haberse previamente inscrito en el registro, enfrentarán penas de entre 20 meses y 10 años de prisión. Además, estará prohibido publicitar o promover su consumo –en cambio, se estimulará la investigación científica, así como el aprovechamiento del cannabis no psicoactivo para fines industriales.
Según datos de la Junta Nacional de Drogas, actualmente 120,000 personas consumen marihuana al menos una vez por año, de los cuales 75,000 lo hacen al menos una vez por mes, y 20,000 la consumen diariamente. Estas cifras será interesante tomarlas en cuenta y monitorear su comportamiento, ya que los cambios que se registren comportarán una de las variables a analizar para la eventual evaluación de esta medida.
En una encuesta reciente, realizada por la consultora de opinión Cifra, se reveló que el 64% de los uruguayos está en contra de la legalización –el ejercicio se llevó a cabo previo a la aprobación del Senado. Sin embargo, creo que basta con revisar los números que arrojan las políticas prohibitivas para tranquilizar a la sociedad de este país, y habrá que esperar a ver qué sucede con las nuevas medidas, las cuales, en mi opinión, pronto estarán justificándose ante sus críticos.
Evidentemente se trata de un gesto valiente, pero sobre todo sensato, por parte del presidente Mújica y del congreso uruguayo que respaldó la iniciativa de ley. Y si bien se trata, hasta cierto punto, de un experimento, por lo novedoso de esta legislación, al menos es un proyecto que, según la experiencia de gobiernos que optaron por vías similares, como el caso de Portugal, existen buenas probabilidades de que resulte exitosa. Además, a aquellos que consideran esta medida como experimental, y por ello la condenan, sería bueno recordarles que la “Guerra contra las Drogas”, lejos de ser un experimento, es una postura probadamente errónea y que implica graves consecuencias financieras, de salud, seguridad pública, etc.
Uruguay ha tomado una decisión histórica, la cual seguramente, en unos años, será reconocida mundialmente por sentar un precedente a favor de disolver una de las mayores pesadillas que la humanidad ha enfrentado en el último medio siglo. ¡Gracias Uruguay!
Twitter del autor: @ParadoxeParadis