Los migrantes en México ¿víctimas del crimen organizado o del crimen autorizado?

En el mundo,  según la ONU, hay alrededor de 232 millones de personas que año con año se movilizan de país para encontrar mejores condiciones de vida. En el caso de México, ingresan al menos 25 millones de personas al año de forma legal, y por lo menos unas 450 mil lo hacen ilegalmente. Si bien es cierto que cualquier indocumentado está más expuesto a los peligros que implica la migración, la violencia extrema a la que se enfrentan miles de centroamericanos en este país es francamente indignante.

Este fenómeno lo documenta muy bien el salvadoreño Óscar Martínez, en su libro Los migrantes que no importan. Desde la declaración de la mercadológica y torpe guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón, los migrantes que pasan por México hacia Estados Unidos son más vulnerables que nunca a los abusos del crimen organizado y de las mismas autoridades.

La complicidad relatada en este libro, sobre todo de los policías municipales (muchas veces extorsionados por el crimen organizado), y la falta de cifras oficiales sobre migrantes desaparecidos por parte del gobierno federal, evidencian no sólo nula prioridad frente al tema, sino un crimen de estado ante la falta de acciones eficaces para protegerlos, o por lo menos para buscar a los desaparecidos.

Las cifras sobre este fenómeno son confusas. Según la IX Caravana de Madres Centroamericanas Buscando a sus Hijos, en México hay alrededor de 70 mil centroamericanos desaparecidos; por su parte, el padre Solalinde, un conocido defensor de los derechos de los migrantes, habla de al menos diez mil desapariciones –aunque cree  que esta cifra es bastante conservadora.

Increíblemente, el gobierno mexicano ha omitido la publicación de  una cifra oficial sobre este fenómeno, a pesar de los señalamientos de organismos internacionales. En el marco del día internacional del migrante, proclamado por la ONU en el año 2000, la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que informa que la  Secretaría de Gobernación, en coordinación con el Colegio de  la Frontera Norte, llevó a cabo el Foro Nacional de Consulta Pública para la Elaboración del Programa Especial de Migración 2014–2018, evidenciando con esto que no ha habido otras acciones en la materia.

Ha pasado un año después de que el  Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas emitiera una serie de recomendaciones en la materia al gobierno mexicano, y este último no ha publicado un informe sobre algún avance.

Al respecto, la coordinadora del Comité de Familiares Migrantes de Progreso de Honduras, Rosa Nelly, declaró ante medios de comunicación mexicanos que “esto ya no es un asunto de crimen organizado, sino de crimen autorizado”. Pues a pesar  de que ya se cuenta con una Ley migratoria, no ha mejorado la seguridad para los migrantes en su paso por México.

Una de las opciones que podrían dignificar el tránsito de migrantes por este país, sería la exigencia de Visas de Tránsito. Podríamos presionar al gobierno, para que ésta sea una opción real que vea primero por los derechos humanos, antes que por cualquier otro criterio.

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