De acuerdo con diversos analistas, esta oportunidad es única no solo por la coincidencia de mandatarios de todo el continente, sino sobre todo porque este momento se presenta como crucial para redefinir el enfoque predominante con el cual se abordan asuntos como la drogadicción, el tráfico ilegal de drogas, el lavado de dinero producto de estas operaciones y otros problemas afines (aproximación que, es necesario aclarar, emana directamente de la Casa Blanca). La intención es conseguir el consenso necesario para plantear soluciones mucho más liberales al respecto.
Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala, será uno de los principales impulsores de una iniciativa para terminar con la prohibición de ciertas drogas en el continente, partiendo de la premisa de que el narcotráfico es en esencia un fenómeno económico y como tal debe ser tratado. Escribe Pérez Molina en el artículo “Tenemos que encontrar nuevas soluciones a la pesadilla de las drogas de América Latina”, publicado originalmente en el diario inglés The Guardian:
De hecho, el paradigma de la prohibición que inspira la respuesta mundial frente a las drogas hoy en día está basada en una premisa falsa: la convicción de que es posible erradicar el mercado mundial de drogas. […]
Sin duda alguna, abandonar el paradigma de la prohibición de las drogas nos puede llevar a un terreno complicado. En este sentido, debo decir que me parecería profundamente irresponsable sugerir una absoluta libertad de mercado para las drogas –es decir, permitir el consumo, producción o tráfico de drogas sin ningún tipo de restricción-. […]
Para dejar las cosas claras, la propuesta del Gobierno de Guatemala es abandonar toda premisa ideológica en el debate con respecto a las drogas (ya sea la prohibición o la absoluta liberalización) y promover un diálogo intergubernamental global basado en un enfoque objetivo y realista: la regulación del mercado de las drogas. El consumo, producción y tráfico debería estar sujeto a regulaciones globales, lo cual significa que el consumo y la producción deben ser legalizados en el marco de un marco regulador estricto. Y legalización por lo tanto no debe ser confundido con liberalización del mercado sin ningún control.
Quizá, como el guatemalteco lo hace, es momento de que los dirigentes nacionales se preocupen menos por la popularidad política coyuntural en sus propios países y asuman la responsabilidad de verdaderos estadistas que saben cuándo es momento de corregir una estrategia que a juzgar por los violentos y costosos resultados, simplemente no está funcionando.
[Guardian]