¿Tiene la medicina alternativa derecho a recibir fondos públicos para la investigación?

Hace unos días el periódico Chicago Tribune publicó un reportaje en el que expone, con un ánimo casi denunciante, la entrega de cuantiosos fondos monetarios públicos a un centro de investigación en medicina alternativa sin resultados provechosos.

Gracias a una donación de 374,000 dólares financiados por los contribuyentes, ahora sabemos que la inhalación de esencia de limón y lavanda no hace mucho por nuestra capacidad de curar una herida. Con 666,000 dólares en dinero federal de investigación, los científicos examinaron si la oración a distancia podía curar el SIDA. Y no puede.

El Centro Nacional para la Medicina Complementaria y Alternativa también ayudó a pagar a los científicos que estudiaron si chorros de café en los intestinos de una persona pueden ayudar a tratar el cáncer de páncreas (una subvención de $406,000) y si el masaje hace que las personas con cáncer avanzado se sienten mejor ($ 1.25 millones). Los enemas de café no ayudan. El masaje sí.

El artículo expone otras investigaciones en que dicho Centro ha invertido desde su creación y hasta la fecha casi mil millones y medio de dólares, en varios casos para obtener un no como respuesta final: cierto tratamiento alternativo no cura determinado padecimiento. Acupuntura, sanación por energía, yoga, etc. Además, algunas de esas propuestas no son novedosas ni recientes y, por el contrario, su antigüedad, que puede rondar o exceder el siglo, hace pensar que ya otros estudios realizados habrán descartado su utilidad en la curación de un paciente.

El asunto es polémico porque la llamada “medicina alternativa” ha ido en sí misma objeto de controversia. Sin embargo, en este momento se añaden al menos otras dos circunstancias que complican el problema: la primera y más evidente, que recursos públicos se destinen, además en grandes sumas, a investigaciones que no fructifican y, en segundo lugar, la pelea cada vez más feroz que libran varias instituciones (universidades, centros de investigación, etc.) por dichos esos mismos recursos. Con la hegemonía de la medicina occidental, muchos de los científicos considerados serios se creen en una situación privilegiada para recibir ese dinero.

Al respecto Wallace Sampson, profesor clínico emérito de la Universidad de Stanford, comenta:

Algunos de estos tratamientos claramente habían salido de la imaginación de las personas. Nosotros no tomamos el dinero público y lo invertimos en proyecto que salen de la imaginación de las personas.

En lo inmediato, este hecho podría atañer únicamente a la sociedad estadounidense y sus mecanismos de control fiscal, sin embargo, visto desde una perspectiva más amplia, nos invita a reflexionar sobre esta oposición entre la medicina alternativa (o tradicional, como en el caso de las etnias autóctonas de América) y la que, a falta de un mejor término, podríamos llamar institucional y, en particular, si el acceso a los recursos públicos como apoyo a la investigación científica debe ser igualitario. Si oncólogos e investigadores del yoga tienen el mismo derecho a recibir dinero público para desarrollar un estudio del impacto médico en sus respectivas disciplinas. Si este es el caso, ¿las obligaciones también deberían ser por igual para ambos?

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