Las encuestas más recientes señalan que cerca del 20% de la población mundial consume o ha consumido alguna vez marihuana o hachís, y sin embargo los diálogos sobre legalización siguen siendo ambiguos y la mayor parte de los países se mantienen escépticos. Han existido innumerables propuestas de manifestantes y legisladores para legalizar esta planta aduciendo que la legalización traería consigo la desaparición de grandes fuentes de ingresos para el narcotráfico.
Sin embargo, aquellos que están en contra y a favor de la legalización coinciden en que legalizar la marihuana podría traer consigo múltiples problemáticas, especialmente en cuanto a su comercialización. La posibilidad de que el mercado del cannabis sea rápidamente absorbido por corporativos -que al igual que con el alcohol y con el tabaco, encontrarían la manera de obtener la mayor cantidad de ingresos comercializando el producto de una manera masiva e irresponsable-, ha mantenido a políticos y a activistas a la espera de nuevas propuestas.
Bajo este panorama, y conscientes de que los sistemas carcelarios están abarrotados de consumidores menores de marihuana, Uruguay lidera ya las iniciativas en cuanto al uso de este planta, introduciendo el primer proyecto de ley en Latinoamérica que despenaliza el autocultivo. Hasta 25 gramos de marihuana y ocho plantas podrá tener una persona en su poder si prospera el proyecto de ley que la semana próxima presentará el frenteamplista Sebastián Sabini, diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP). El primero en proponer esta ley fue el diputado nacionalista Luis Lacalle Poe, que presentó la propuesta el 10 de noviembre del año pasado y que se ha granjeado el favor de legisladores de distintos partidos e incluso del secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani.
La propuesta no es una ley que legalizaría la comercialización de la marihuana. Al contrario, el diputado Lacalle insiste en que aquellos que comercialicen o distribuyan marihuana serán sancionados con penas aún mayores a las hoy existentes, limitando la marihuana al mero uso personal y privado. Considerando que el 85% de los usuarios en las cárceles de Uruguay son consumidores que fueron condenados por portar menos de 20 gramos, esta propuesta ha movilizado a cientos de jóvenes usuarios a favor de la legalización del consumo personal y autocultivo.
La mayor de estas movilizaciónes a favor de la propuesta de ley comenzó cuando la jueza letrada de Atlántida, Adriana de Aziz, procesó con prisión a la psicóloga y escritora argentina Alicia Castilla, de casi 70 años, líder de opinión del movimiento internacional por la liberación de la marihuana y autora de dos best-sellers como Cultura cannabis y Cultivo cannabis, libros que instruyen sobre el uso apropiado de la planta y su cultivo. Ella fue apresada en su casa por cultivar marihuana, mientras que fue denunciada por vecinos –cobardes- anónimos.
En este sentido, es necesario que reflexionemos sobre la introducción del autocultivo como una opción que derrocaría los argumentos prohibicionistas que encasillan a la marihuana dentro del marco de propulsora del crimen. Si el consumidor tiene la posibilidad de producir la misma marihuana que consume, no acudirían al crimen para obtenerla, no existiría negocio alguno y por lo tanto nadie podría obtener ganancias a través de esta planta (lo cual sabemos que para muchos y muy poderosos intereses esto es un enorme problema). Esto sería el comienzo de una era de sustentabilidad en materia de política de drogas.
Bien por Uruguay.