Panamá declara estado de emergencia por despidos masivos en la industria bananera
Política
Por: Yael Zárate Quezada - 05/28/2025
Por: Yael Zárate Quezada - 05/28/2025
El gobierno de Panamá ha declarado el estado de emergencia en la provincia de Bocas del Toro, al norte del país, luego de una intensa ola de protestas impulsadas por trabajadores del sector bananero. Lo anterior, luego de una creciente crisis social y económica que hasta el momento ha dejado a 5 mil empleados por parte de la empresa Chiquita Brands sin trabajo.
Desde hace más de un mes, los trabajadores en huelga han paralizado carreteras y exigido la derogación de una controvertida reforma al sistema de pensiones, aprobada por la administración del presidente José Raúl Mulino. Esta reforma ha sido señalada por sindicatos y docentes como una amenaza a los derechos laborales y a la seguridad social de la clase trabajadora, tildándola de una política “neoliberal” que beneficia intereses empresariales a costa del bienestar popular.
Las manifestaciones, encabezadas por el sindicato de la construcción Suntracs y respaldadas por múltiples sectores sociales, han provocado bloqueos en al menos 30 puntos estratégicos del país.
A pesar del clima de tensión, el gobierno panameño ha insistido en que la declaración de emergencia no busca limitar derechos constitucionales ni garantías fundamentales. Según un comunicado oficial, la intención es facilitar contrataciones públicas mediante mecanismos extraordinarios para enfrentar la creciente escasez de insumos básicos, como combustibles y medicamentos, en Bocas del Toro. Además, se busca asegurar la conectividad aérea y reactivar la economía local, fuertemente golpeada por la parálisis en el sector bananero.
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, afirmó que la medida no implica una intervención directa en los bloqueos comunitarios, sino una acción destinada a evitar un colapso mayor. “Nos enfrentamos a una posible crisis social, laboral y económica que debe atenderse de manera urgente”, señaló.
Por su parte, la huelga fue declarada ilegal por un juzgado de trabajo, aunque los empleados han apelado la decisión. Mientras tanto, la incertidumbre crece no solo en Bocas del Toro, sino en todo el país, donde persisten dudas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y el papel de las grandes corporaciones en el tejido socioeconómico nacional.
Chiquita Brands, heredera de United Fruit Company —símbolo del intervencionismo empresarial estadounidense en América Latina—, enfrenta también cuestionamientos a nivel internacional. En 2024, un jurado en Florida falló en su contra por haber financiado con más de 1.7 millones de dólares al grupo paramilitar colombiano Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2004.
Mientras tanto, Panamá se enfrenta al reto de contener una crisis que no solo involucra lo económico y lo político, sino también las heridas históricas de una región que ha sido epicentro de luchas obreras.
