Como es sabido, desde hace ya algunas décadas las corridas de toros han sido objeto de discusión y polémica, particularmente en un contexto en que los derechos de los animales han ganado terreno en el debate público.
En este sentido, la llamada “fiesta brava” ha sido señalada por el maltrato y aun la crueldad que se le dispensa a los toros en un espectáculo que tiene sus orígenes en tiempos verdaderamente remotos, cuando el toro se convirtió en uno de los primeros animales sagrados en distintas cosmogonías de las primeras civilizaciones.
Sin embargo, acorde al espíritu de la época, las corridas de toros se encuentran en vías de desaparición. Y todo parece indicar que la Ciudad de México es el siguiente punto del planeta en donde pasarán a la historia.
Así ocurrirá ahora que el juez federal Jonathan Bass ordenó la suspensión definitiva de la actividad en la Plaza México, uno de los recintos más emblemáticos del espectáculo taurino y, hasta hoy, el más grande del mundo donde se realizaba.
El juez tomó esta decisión tras atender la solicitud de amparo interpuesta por la asociación civil Justicia Justa, bajo el argumento de que la manera “degradante” con que se trata a los toros durante las corridas contraviene el derecho a un medioambiente sano. Desde la perspectiva de Bass, la prohibición contribuye a un entorno “que beneficia a toda la sociedad”. Al respecto, en su resolución apuntó:
Bajo esa lógica, lejos de constituir una afectación a la sociedad, generaría un beneficio no sólo a las partes del presente juicio sino a todas las personas que vivan en la Ciudad de México y su entorno adyacente con independencia de la postura ideológica que profesen acerca de las actividades taurinas.
Asimismo, después de señalar que las corridas de toros son “una actividad recreativa en la que se lastima, se tortura y finalmente se mata a un animal”, agregó:
La sociedad se encuentra interesada en que se respete la integridad física y emocional de todos los animales porque son seres vivos que conforman los ecosistemas y que, por consiguiente, contribuyen con servicios ambientales que resultan esenciales para el ser humano.
Cabe anotar que buena parte de la sentencia de Bass está argumentada a partir de un documento de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX.
Tanto la empresa privada que opera la Plaza México como el gobierno de la capital pueden impugnar la medida, para lo cual tienen un plazo de diez días hábiles. No obstante, incluso si esto sucede, las corridas de toros continuarán suspendidas en tanto el proceso judicial se mantenga.
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