Organizaciones como Greenpeace México, ANEC, Semillas de vida, GEA, Sin maíz no hay país, además de diversos intelectuales y artistas como Elena Poniatowska Amor, Carlos Monsiváis, Julio Glockner, Bruno Bichir, Antonio Helguera, Julieta Egurrola, Jesusa Rodríguez, Liliana Felipe, Cecilia Suárez, Vanessa Bauche, Alejandro Nadal, Rius, Eduardo Rocha Quintana, Martha Delgado Peralta, Juan Manuel Bernal entre otros, y comunidades de científicos de diferentes universidades de México, se han pronunciado en contra de las recientes autorizaciones de siembras experimentales con maíz transgénico en este país.
De acuerdo con Greenpeace las autoridades del gobierno mexicano han sucumbido antes los intereses de los agroindustriales del país, en particular la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para permitir las siembras experimentales como pretexto para pasar a la fase de comercialización de maíz transgénico.
De acuerdo con estas organizaciones a pesar de que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) alertó a las autoridades mexicanas acerca del riesgo de contaminación que representa el maíz transgénico en el centro de origen y diversidad genética del grano, las autoridades irresponsablemente otorgaron permisos de liberación al ambiente de variedades transgénicas.
Diferentes organizaciones afirman que “No es verdad que los cultivos transgénicos traigan consigo mejores condiciones para los agricultores cuando la patente de las semillas está en manos de empresas monopólicas como Monsanto que detenta el 90 por ciento de las semillas transgénicas a nivel global y que es el promotor directa e indirectamente de 28 de las 31 solicitudes de siembras experimentales de maíz transgénico en México que ingresaron en 2009, las restantes también son de empresas trasnacionales.
“No es verdad que con los experimentos se favorezca la investigación pública, por el contrario, los científicos no tienen acceso para recolectar datos porque las empresas controlan gran parte de la investigación por medio de las patentes y los candados puestos a través del secreto comercial”, denunciaron las organizaciones.