Entre un terremoto que lo agarró con el traje aún sin planchar, bombardeos con menores de edad de por medio, un mapa diplomático redibujado a su gusto y el regreso de las armas legales a manos de civiles, el mandatario estrena su primer mes al frente del Ejecutivo colombiano. 

El 10 de agosto, apenas iniciada su gestión, un sismo puso a prueba a un presidente sin un solo día de experiencia en función pública. Como era de esperarse, la solidaridad nacional e internacional con la hermana República de Colombia no tardó en llegar. 

Sin embargo, De la Espriella osciló entre el discurso de campaña y la gestión de emergencia, y el lanzamiento de balones con propaganda en Buenaventura terminó por resumir el problema en una sola imagen. La polémica mayor fue que en primera instancia, rechazó la ayuda de rescatistas de varios países y privilegió a los que comparten su brújula ideológica –como Estados Unidos e Israel–. El Gobierno habló después de "unificación de reportes", pero nunca explicó por qué unos equipos entraron y otros se quedaron esperando en la puerta.

La cifra más dura del mes fueron tres menores de edad que murieron en el segundo bombardeo ordenado por De la Espriella contra estructuras armadas ilegales, en zona rural de El Retorno, Guaviare, donde el saldo total llegó a diez personas fallecidas. 

El Gobierno culpó a las disidencias de "Calarcá" por reclutar y usar a los menores, y defendió la operación como parte de su ofensiva militar. No obstante, el argumento oficial choca de frente con el Derecho Internacional Humanitario, que no deja de proteger a un niño reclutado por el simple hecho de estar dentro de una estructura armada; al contrario, obliga al Estado a extremar medidas para evitar precisamente su muerte.

Redibujó las relaciones exteriores y es que, en una primera etapa dio a conocer el cierre de las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica, y canceló la apertura de la sede diplomática en Palestina que estaba en marcha. 

En contraste, anunció la reapertura de la embajada en Israel, reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán y calificó al primer ministro Benjamin Netanyahu como un "aliado estratégico". 

Lo que hizo Israel con los terroristas de Hezbolá y Hamás, es exactamente lo mismo que hay que hacer con los terroristas de Colombia: aniquilarlos con mano de hierro y sin consideración alguna. La barbarie debe ser repelida con todo el peso de la Ley y la fuerza monumental de… pic.twitter.com/VlGrvjAr0p

La más reciente fue el levantamiento de la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego. El presidente justificó la medida como una corrección de fondo, pues "No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse", dijo en un video difundido en sus redes.

El mandatario insistió en que la decisión no abre la puerta a un porte indiscriminado, sino que mantiene controles y requisitos ante las autoridades competentes, aunque el efecto simbólico ya está hecho y como mencionamos al inicio, en la Colombia de De la Espriella, la respuesta a la violencia –al parecer– es más pólvora en circulación. 

Firmé el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar. Las cifras… pic.twitter.com/boYLZJhlAo

La cifra deja a la Unión Demócrata Cristiana (CDU), fuerza que gobernó ese estado durante décadas, muy rezagada con apenas 18.5%, más de 27 puntos por debajo de la AfD. En 2021 la CDU había obtenido 37.1% en la misma región. El Partido Socialdemócrata (SPD), Die Linke y Los Verdes se ubicaron muy atrás, alrededor del 9%, mientras que la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) rozó el umbral del 5% necesario para entrar al Parlamento estatal, un factor que aún puede modificar el reparto final de escaños.

Con las proyecciones actuales, la AfD sumaría 39 de 84 escaños, tres menos de los 42 que necesita para una mayoría absoluta. Esa distancia abre un escenario político incierto para el estado.

Los partidos tradicionales alemanes mantienen desde hace años un compromiso conocido como cordón sanitario, es decir, la negativa a formar coaliciones con la AfD, a la que los servicios de inteligencia del país clasifican como movimiento extremista de derecha confirmado. Ese bloqueo deja sobre la mesa tres caminos posibles: negociaciones prolongadas entre el resto de los partidos para armar una coalición sin la AfD, un gobierno en minoría o, en el peor de los casos, una repetición electoral.

El candidato de la AfD, Ulrich Siegmund, celebró el resultado como un mandato directo de la ciudadanía. "Hemos escrito la historia en este país", declaró a la cadena ARD, y agregó que su partido está dispuesto a negociar con otras fuerzas, aunque bajo la condición de aplicar sus propias transformaciones. 

El avance de la AfD se apoya en un discurso que combina el rechazo a la inmigración, el escepticismo frente a las políticas climáticas y el llamado a restablecer vínculos con Rusia. 

El partido también empuja una agenda contra lo que llama "cultura woke", con propuestas como retirar las banderas del orgullo LGBTQ+ de las escuelas públicas y reducir el peso del Tercer Reich en los planes de estudio de historia. 

Y es que, en abril pasado, el ahora diplomático publicó en redes sociales un mensaje en el que llamó "zurdos de mierda" a líderes progresistas de la región de América Latina, entre ellos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, y el entonces mandatario Pedro Sánchez. Nadie le había avisado que meses después, ese mismo hombre asumiría la misión de representar a su país ante uno de los gobiernos que insultó públicamente. Un trabajo de la revista Proceso así lo demuestra.

Tobón utilizó su cuenta de X, para pronunciarse en contra de los mandatarios antes mencionados, quienes participaron el 17 y 18 de ese mes en la Cumbre Progresista realizada en Barcelona.

Tobón es economista de la Universidad EAFIT, una escuela privada donde realizó sus estudios de posgrado en Ciencia Política en la Universidad Pontificia Bolivariana y estudios de alta dirección en el IE Business School de Madrid. Su trayectoria combina el sector público y el privado, pues se ha desempeñado como concejal de Medellín, gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia y presidente de la Junta Directiva de Hidroituango. 

También es cofundador del medio Minuto30, señalado por recibir contratos de publicidad millonarios durante la administración de Daniel Quintero en Medellín.

Su carrera política incluye dos intentos fallidos por llegar a la Gobernación de Antioquia, en 2019 y 2023, bajo un movimiento propio de corte federalista llamado El Parche, que en su última candidatura obtuvo apenas 2.15 por ciento de los votos.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció su designación el 21 de julio, semanas antes de asumir el cargo el 7 de agosto. Al presentarlo, De la Espriella lo describió como "un hijo de esta tierra, empresario y amigo".

El caso de Tobón se suma a una serie de designaciones del gobierno entrante colombiano marcadas por perfiles cercanos al presidente electo y con escasa trayectoria diplomática previa. 

Su papel al frente de la embajada en México pondrá a prueba, desde el primer día, si es capaz de separar su discurso político de la función que representa, en un país con el que Colombia mantiene una de sus relaciones bilaterales más estrechas de la región.

​

En este sentido, el límite máximo de participación extranjera en varios sectores mexicanos es del 49%. Con la reforma, cualquier inversionista que busque superarlo en una empresa de un sector estratégico tendrá que pasar primero por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), que resolverá si la operación es viable sin condiciones, viable con condiciones y medidas de mitigación, o simplemente inviable.

El paquete de sectores "estratégicos" incluye energía, telecomunicaciones, infraestructura, minería, salud, transporte, manejo de datos y seguridad alimentaria. Pero el corazón tecnológico de la reforma está en lo que el texto llama tecnologías de "doble uso", es decir, inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías cuánticas y nucleares, nanotecnología y biotecnología, además de los sectores aeroespacial y de defensa.

La iniciativa argumenta que la ley vigente ya faculta a la CNIE para impedir adquisiciones riesgosas. Para identificarlas, Sheinbaum propone sumar a la mesa, con voz y voto, a los titulares de Defensa, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana. También se integrarían, aunque con un rol distinto, la Fiscalía General, el Centro Nacional de Inteligencia, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera.

En medio de la propuesta, México regresó al top 10 de países que más inversión extranjera directa reciben en el mundo, de acuerdo con el ranking 2025 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). El país captó 41 mil millones de dólares el año pasado, tres mil millones más que en 2024, y subió al décimo lugar tras pasar tres años consecutivos —de 2022 a 2024— estancado en el sitio 11.

En las fotografías se le ve sonriendo y lleva puesto un pants gris. Cabe mencionar que la fotografía no es reciente, pues fue tomada el 25 de junio alrededor de las 18 horas, pero aunque la imagen es de hace dos meses, coincidentemente se publicó en sus redes sociales en el marco del acuerdo petrolero entre ambos países.

Hasta el momento, Nicolás Maduro y su esposa están en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York (MDC, por sus siglas en inglés), una de las cárceles de alta seguridad en Estados Unidos, donde comparten reclusión con personajes como Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa; Sean "Diddy" Combs, rapero y productor acusado de transporte de personas con fines de prostitución, y Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, entre otros.

Ambos gobiernos sellaron un acuerdo que Trump calificó como el negocio petrolero más grande de la historia y no es para menos: 17 yacimientos venezolanos, equivalentes a 65 mil millones de barriles de reservas probadas, pasan a control mayoritario estadounidense por un plazo de 25 años. Esta cifra representa alrededor de una quinta parte de las reservas totales del país sudamericano, que continúa siendo el que más petróleo atesora bajo tierra en todo el planeta, con cerca de 303 mil millones de barriles certificados por la Administración de Información Energética estadounidense.

Delcy Rodríguez informó que la titularidad de los recursos no cambia de manos. De acuerdo con la mandataria interina, Venezuela seguirá siendo dueña de su petróleo.

"Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología y capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones", declaró la mandataria interina.

La justificación oficial apunta a la necesidad urgente de convertir en efectivo unas reservas que hasta ahora solo figuraban como cifra en el papel. Rodríguez detalló que el proyecto binacional se extenderá durante un cuarto de siglo y contempla, además, una meta de producción superior al millón y medio de barriles diarios.

A la par, Donald Trump difundió en Truth Social que el crudo venezolano servirá para reabastecer las reservas estratégicas de Estados Unidos, y no ahorró adjetivos: calificó como "un regalo" los 65 mil millones de barriles que ahora quedan bajo control estadounidense.

"Una de las cosas que voy a hacer con el petróleo venezolano es llenar las Reservas Estratégicas Nacionales que, por culpa del dormilón Joe Biden, han quedado prácticamente vacías. El proceso de 'llenado' comenzará muy pronto, y es un regalo de Venezuela para el pueblo de Estados Unidos. ¡Gracias!", escribió el mandatario estadounidense.

El mandatario aseguró, sin presentar evidencia pública, que existen redes delictivas organizadas que trasladan a mujeres embarazadas a Estados Unidos con el único fin de que sus hijos obtengan la ciudadanía automática. Stephen Miller, subjefe de gabinete y uno de los arquitectos de la política migratoria del gobierno, señaló que los funcionarios consulares "pueden, deben y van a negar" las visas cuando sospechen que ese es el propósito del viaje.

Se considera turismo de parto a la práctica en la que una mujer extranjera viaja a Estados Unidos, generalmente con una visa de turista o de negocios, con el objetivo específico de dar a luz en territorio estadounidense. Al nacer ahí, el bebé adquiere automáticamente la ciudadanía por el derecho de suelo, lo que a futuro también le permite iniciar trámites de reagrupación familiar para otros parientes.

El nuevo decreto define formalmente esta práctica e incluye dentro de ella no solo a las mujeres que viajan con ese fin, sino también a cualquier persona u organización que facilite su ingreso.

Según distintos reportes, esta industria mueve montos considerables de dinero: algunas agencias, sobre todo en países como China, llegaban a cobrar entre 40 mil y 100 mil dólares por paquetes que incluían hospedaje y cuidados médicos durante el proceso.

De acuerdo con la orden ejecutiva difundida por la Casa Blanca, el gobierno de Trump ampliará los criterios para negar visas o el ingreso al país. Entre los casos contemplados están: Extranjeras que soliciten una visa de no inmigrante y de las que existan motivos para creer que su propósito principal es dar a luz en EU.

Es importante decir que, aunque Trump emitió el par de decretos, estos no eliminan la ciudadanía por nacimiento, un derecho consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, aprobada tras la Guerra de Secesión. Esta enmienda establece que toda persona nacida en territorio estadounidense y sujeta a su jurisdicción es ciudadana del país, sin importar el estatus migratorio de sus padres.

Este principio fue ratificado hace poco más de un mes por la Corte Suprema, que invalidó un intento previo y más amplio de Trump por restringir ese derecho de forma directa. Por eso, el gobierno presentó esta nueva orden como un "ajuste" que no vulnera el texto constitucional, sino que endurece los filtros migratorios antes de que una persona pueda llegar a dar a luz en suelo estadounidense.

La primera, si la visa fue revocada, no existe un trámite para restituirla. La única opción es comenzar de cero con una solicitud nueva, generar otra cita, otro formulario DS-160 y otro pago de la tarifa correspondiente. Así lo confirma la propia página de la Embajada de Estados Unidos en México, que precisa que quienes reciban una negativa o cancelación pueden volver a intentarlo, aunque el proceso no perdona ningún paso del trámite original.

Antes de dar ese paso, conviene confirmar en el portal oficial del Departamento de Estado que la visa efectivamente fue cancelada, ya que las autoridades no siempre notifican al titular cuando esto ocurre.

A diferencia de la revocación, aquí sí existe un protocolo puntual. La Embajada aclara desde el inicio que bajo ninguna circunstancia se emite una copia o reposición del documento perdido. El titular debe tramitar una visa completamente nueva, aunque con una diferencia respecto a una primera solicitud: en el formulario DS-160 se deberá señalar que ya contaba con una visa previa.

Los pasos que exige este procedimiento son:

Quien pierda su visa mientras se encuentra dentro de territorio estadounidense puede seguir en el país sin problema, siempre que su estancia continúe autorizada según la fecha marcada por la CBP o el Formulario I-94.

Sí, no hay ningún problema al momento de salir sin visa, ya que los controles migratorios son más estrictos al ingresar que al salir de la frontera.

Ahora, si tu visa se extravió, probablemente también perdiste el pasaporte. Para ello debes acudir de inmediato a la estación de policía local para levantar un acta por robo o extravío. Después, preséntate en la embajada o la Oficina Consular de México más cercana para tramitar una reposición de emergencia.

¿Puedo viajar sin visa si me la robaron dentro de EE.UU.? No. Debes tramitar una visa nueva antes de intentar salir e ingresar de nuevo a territorio estadounidense.

¿Cuánto tarda el trámite de una visa nueva tras robo o extravío? El tiempo depende de la disponibilidad de citas en el consulado; no hay un plazo garantizado por la Embajada.

¿Debo pagar la tarifa otra vez si perdí mi visa? Sí, la reposición no está exenta de la tarifa de solicitud de visa de no inmigrante.

En este caso, la ley de inmigración estadounidense otorga al Departamento de Estado la autoridad amplia para revocar visas. Esto significa que la aprobación inicial no garantiza que el documento permanezca vigente de forma indefinida: la dependencia continúa el monitoreo de cada caso y puede actuar si detecta información que ponga en duda la elegibilidad del titular.

De acuerdo con la embajada, estos son los motivos principales por los que una visa puede quedar sin efecto:

​

Es importante decir que el Departamento de Estado no tiene obligación de notificar al titular sobre la revocación, aunque en algunos casos sí lo hace. En algunos casos, la Embajada envía un correo electrónico a la dirección registrada en la última solicitud cuando esto ocurre. Sin embargo, no todas las representaciones consulares siguen este mismo protocolo, por lo que la ausencia de un aviso no confirma que la visa continúe vigente.

Quien no esté seguro del estatus de su visa puede verificarlo directamente en el sistema del Departamento de Estado. Si el resultado confirma la revocación y la persona desea viajar a Estados Unidos, deberá presentar una nueva solicitud de visa de no inmigrante y cubrir la tarifa correspondiente.

Para consultar el estatus de tu visa estadounidense ingresa directamente en el portal oficial del Departamento de Estado.

¿Me avisan si me cancelan la visa? No siempre. El Departamento de Estado no está obligado a notificar, aunque algunas embajadas envían un correo a la dirección registrada en la solicitud.

¿Puedo viajar a Estados Unidos si me revocaron la visa? No. Si el sistema confirma la revocación, debes solicitar una nueva visa de no inmigrante y pagar la tarifa correspondiente antes de intentar viajar.

¿Cómo sé si mi visa sigue vigente? Puedes verificar el estatus directamente en el portal del Departamento de Estado.

A través de sus redes sociales, el también integrante de Morena publicó una carta de tres páginas dirigida al presidente Donald Trump, fechada en Teapa, Tabasco. En el documento, López Beltrán exige una explicación sobre la decisión y pregunta al mandatario si tenía conocimiento de ella.

La misiva describe la cancelación como un acto "político, politiquero y propagandístico" y sostiene que ningún organismo estadounidense presentó pruebas de una conducta "inmoral o delictiva" que la justifica. López Beltrán apela además a los principios que, escribió, le inculcaron a sus padres.

El texto eleva el tono contra los dos funcionarios estadounidenses ya antes citados a quienes describen como cabecillas de pandillas dedicadas a espiar, acosar e intervenir en asuntos de gobiernos y políticos que Washington considera una amenaza. A Landau, en particular, lo apoda "el quita visas". 

Cabe mencionar que la cancelación ocurre en un contexto donde López Beltrán prepara su candidatura a una diputación federal por el sexto distrito de Tabasco, rumbo a las elecciones de 2027.

Su caso se suma al de al menos 50 políticos mexicanos, la mayoría de Morena, a quienes Estados Unidos les ha retirado la visa durante la segunda administración de Trump.

Entre los casos más conocidos figuran la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su entonces esposo, Carlos Torres Torres; el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; y el alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim. En junio de este año se sumaron los gobernadores morenistas Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, aunque este último negó haber recibido notificación alguna. El Departamento de Estado no ha explicado los motivos individuales de ninguna de estas cancelaciones.

En este sentido, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acudió en fechas recientes a Estados Unidos para presentar denuncias ante el Departamento de Estado en las que solicitó sanciones y el retiro de visas a funcionarios y consejeros del INE México. 

Pese a la medida, López Beltrán aseguró que no representa un problema para él, ya que actualmente no tiene interés en visitar Estados Unidos.

La propuesta se dio a conocer durante el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y busca visibilizar a las comunidades que habitaron y cruzaron ese territorio mucho antes de que el conquistador Hernán Cortés lo hiciera en su camino hacia Tenochtitlan.

La mandataria planteó la iniciativa como una invitación abierta: dejar de nombrar el paso en honor al conquistador español y reconocer, en su lugar, a quienes ocuparon esas tierras generaciones atrás.

La medida se suma a una serie de decisiones tomadas en los últimos años por distintos niveles de gobierno, todas orientadas a remover o resignificar símbolos vinculados a la Conquista y al periodo colonial:

Vistas en conjunto, estas decisiones trazan una política sostenida de revisión simbólica del espacio público capitalino, con la Conquista como eje común.

El Paso de Cortés, de concretarse el cambio, se sumaría a una lista que ya incluye monumentos, plazas, calles y estaciones de transporte, todos ellos puntos donde la memoria histórica y la geografía urbana se cruzan todos los días con millas de personas que, muchas veces sin saberlo, caminan sobre nombres que alguna vez fueron una forma de negar lo que estuvo antes.

Es el presidente Javier Milei, quien encontró, por decreto, la cura definitiva contra las heridas de amor propio. Si un extranjero se atreve a criticar a Argentina, ahora podría quedarse sin entrar al país, o directamente ser expulsado si ya vive ahí. El comunicado se publicó la medianoche del miércoles en el Boletín Oficial.

La norma modifica la Ley de Migraciones para negar el ingreso a quienes hayan dirigido mensajes de odio, en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o algún ciudadano por su nacionalidad. También contempla a quienes hayan "ultrajado" símbolos patrios.

Y no solo aplica en la frontera, pues quienes ya residen en Argentina también pueden perder su residencia y ser expulsados si se les atribuyen esas conductas. 

El origen de tanta indignación oficial tiene fecha: el 19 de julio de 2026 con la final del Mundial 2026, cuando Argentina perdió la Copa del Mundo frente a España. Las críticas en redes sociales fueron suficientes para que el gobierno detectara una supuesta campaña "anti-Argentina", financiada –según Milei–, por Brasil y México, con el “generoso” auspicio del Partido Demócrata de Estados Unidos. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum tuvo que salir a aclarar que su gobierno no anda coordinando ofensivas diplomáticas por un partido de fútbol.

Entre los presuntos agentes de esta conspiración internacional, el canciller Pablo Quirno mencionó a la cantante Rosalía y al actor Samuel L. Jackson. La lista de enemigos de la patria, aparentemente, incluye ahora a Hollywood y a los Grammy.

Y en medio de todo esto, Milei también decidió llamar "ladrón" y "presidiario" al mandatario Lula da Silva durante un acto de la derecha brasileña. 

Aunque el decreto ya lo impulsó Milei, todavía debe pasar por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tiene diez días hábiles para decidir si esto tiene sentido jurídico o no. 

Eso sí, para no verse tan autoritario, el texto aclara que las expresiones de disenso ideológico y las críticas políticas, académicas o ciudadanas legítimas quedan excluidas. En teoría, esto significa que cuestionar al gobierno o sus políticas económicas no debería ser motivo de expulsión, aunque en la práctica todo dependerá de quién decida, ese día, qué cuenta como crítica legítima y qué cuenta como ofensa a la patria.

También en Pijama Surf: El Senado argentino frena, por tercera vez, la ley de tierras que impulsa Milei

Fue el diario New York Post quien lo informó este martes y que, de acuerdo con fuentes cercanas al medio, el presidente de los Estados Unidos, considera que Infantino cuenta con un gran prestigio internacional que podría unificar a los sectores que conforman a la comunidad internacional. 

“No sé si él y el presidente han hablado de eso. No he estado presente en todas sus conversaciones. Sé que hablan con frecuencia y que el presidente siente un gran respeto por Gianni y por lo que ha hecho con la FIFA”, señaló Leavitt. 

Esta situación se presenta a unos meses de que el actual secretario de la ONU, António Guterres termine su mandato al frente de la institución.  

Cabe mencionar que Donald Trump se ha caracterizado por mantener una relación distante y tensa con las Naciones Unidos, al grado de retirarse de varios acuerdos, como el Acuerdo de París sobre el cambio climático, problema que él considera, no existe. 

Incluso a comienzos de 2026, el republicano anunció la creación de la “Junta de Paz”, un organismo que, en palabras de su administración, pretende ofrecer una alternativa más “eficiente” para la resolución de conflictos globales, al considerar que la ONU no tiene las facultades necesarias para lidiar con los conflictos globales. 

La Junta de Paz tendría como primer eje de acción la "gestión y reconstrucción" de Gaza, un territorio destruido por Israel y al que el magnate estadounidense se ha referido en varias ocasiones como "un espacio para comercializar".  

La advertencia de Anwar surgió luego de que trascendieran denuncias sobre la presunta presencia de ciudadanos israelíes con doble nacionalidad dentro de una comunidad enfocada en tecnología ubicada en Forest City, en el estado de Johor, al sur del país. Se trata de "Network School", un proyecto de convivencia y trabajo compartido pensado para fundadores de startups y nómadas digitales, impulsado por un ex directivo de la firma de criptomonedas Coinbase.

En redes sociales circularon versiones que apuntaban a que varios participantes del proyecto eran israelíes que habrían ingresado al país utilizando un pasaporte de una segunda nacionalidad, evadiendo así las restricciones migratorias malasias.

Las autoridades ya tomaron acción sobre el terreno: inspectores de migración realizaron un operativo en el complejo y revisaron la documentación de 266 extranjeros provenientes de 40 países distintos, con el fin de verificar la legalidad de su estancia y confirmar su identidad. Anwar señaló que todas las agencias de seguridad del país están investigando a fondo el asunto.

El mandatario fue enfático al señalar que su gobierno no cederá en temas relacionados con la seguridad nacional ni con la posición política del país frente a Israel. Malasia, la segunda nación con mayor población musulmana del mundo, es uno de los países que con mayor firmeza ha respaldado la causa palestina en el plano internacional, postura que Anwar ha reiterado en distintos foros multilaterales al criticar la ofensiva israelí en Gaza.

Esa postura tiene respaldo legal: el Departamento de Migración de Malasia establece expresamente en su sitio web que ningún ciudadano de Israel o de Corea del Norte puede solicitar una visa de entrada al país. La restricción no es nueva. Desde hace años, Kuala Lumpur mantiene una política de no reconocimiento diplomático hacia Israel, ha limitado el ingreso de ciudadanos y empresas israelíes a su territorio, y prohíbe el atraque de embarcaciones con bandera israelí en sus puertos.

De acuerdo con Trump, el gobierno chino obtuvo 220 millones de archivos con información de votantes estadounidenses, entre ellos nombres, direcciones y otros datos utilizados en los procesos de registro electoral. El presidente no explicó cómo se habría producido esa filtración ni qué uso se le dio a la información.

El discurso incluyó otra acusación dirigida a cuatro estados gobernados por demócratas, a los que Trump atribuyó haber permitido el registro de al menos 250 mil votantes sin ciudadanía estadounidense. Tampoco en este caso el mandatario detalló los mecanismos de verificación que sustentan la cifra.

La lista de señalamientos se extendió a Rusia, Irán y Corea del Norte, países a los que Trump atribuyó capacidad para vulnerar la infraestructura electoral del país. Además, aseguró que existen decenas de informes de la CIA y la NSA sobre una supuesta manipulación electoral por parte de China que, según él, permanecieron ocultos. El presidente exigió el inicio de procesos judiciales, aunque no precisó qué figura delictiva podría aplicarse ni contra quién.

Las declaraciones del presidente llegan a poco menos de cuatro meses de las elecciones intermedias, programadas para el 3 de noviembre. Ese día se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 curules del Senado, en una votación que definirá el control del Congreso durante la segunda mitad del mandato de Trump.

La senadora Patricia Bullrich, al frente de la bancada oficialista, anunció el aplazamiento tras varias horas de negociaciones fallidas con sectores dialoguistas que se niegan a respaldar el capítulo que abre la puerta a la compra de tierras por parte de extranjeros. Ese apartado concentra buena parte de la oposición de fuerzas como el kirchnerismo y la izquierda, y es, según coinciden distintos analistas, el núcleo real de todo el paquete legislativo.

Diseñada desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger, la ley agrupa reformas a varias normas distintas. Endurece los requisitos para que el Estado pueda expropiar un inmueble, acelera los tiempos judiciales para desalojar viviendas y terrenos ocupados o con deudas de alquiler, y reescribe tanto la Ley de Tierras Rurales como la normativa de Manejo del Fuego. ¿Qué significa?

El centro del conflicto está en la reforma a la Ley de Tierras Rurales. Desde 2011, la norma vigente impide que capitales extranjeros posean más del 15 por ciento del suelo rural del país, ya sea a escala nacional, provincial o departamental, y fija además que ninguna nacionalidad en particular puede concentrar más del 30 por ciento de esa franja permitida. 

El proyecto del presidente Javier Milei, borra ese tope por completo. Como salvedad, conserva la prohibición de que gobiernos extranjeros compren tierra de manera directa, y añade que cualquier empresa con participación estatal extranjera en su capital deberá tramitar un permiso conjunto entre la provincia y la Nación.

Cabe mencionar que esta es la tercera ocasión que el debate se pospone y que el dictamen, que ya lleva quince versiones desde su primera presentación, deberá esperar hasta el 6 de agosto para volver a intentarlo.

La cita, según el Departamento de Estado, busca cerrar los "vacíos" que estos grupos aprovechan para operar. Lo que no queda claro, ni en el comunicado oficial ni en discursos previos de funcionarios estadounidenses, es qué organizaciones concretas caben dentro de esa etiqueta.

El gobierno de Trump ya colocó el sello de "terroristas" sobre cuatro colectivos: Antifa Ost, la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional, Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria. A la par, ofreció hasta 10 millones de dólares a quien entregue información útil para desmantelar sus fuentes de financiamiento. 

El problema, señalan analistas independientes citados por medios estadounidenses, es que el término "izquierda radical" se ha usado también para señalar a comunistas, socialistas, anarquistas, a movimientos antifascistas —que ni siquiera existen como organización única, sino como una postura política difusa— e incluso a demócratas de centro.

Trump ha retomado en semanas recientes una retórica que remite directamente a la Guerra Fría. Ante un auditorio conservador, a finales de junio, describió al comunismo como una enfermedad que debe detenerse dentro de Estados Unidos, en un discurso que coincidió con el ascenso electoral de varios candidatos socialdemócratas dentro del propio Partido Demócrata.

Dentro de la propia administración, algunos funcionarios han expresado en privado su inquietud por el rumbo de esta ofensiva discursiva. El temor, compartido por analistas externos, es que la ampliación del concepto de "terrorismo de izquierda" no responda únicamente a una lógica de seguridad nacional, sino que funcione como una herramienta política para construir consenso y, eventualmente, justificar acciones contra opositores progresistas dentro del propio país.

Mientras caminaba hacia los vestuarios, un hincha del Palace —Matthew Simmons, militante del National Front, el partido fascista británico— se abalanzó hacia las rejas y le gritó: "Vete a tu país bastardo, vuélvete a Francia". Cantoná no siguió caminando. Se liberó de los guardias de seguridad, corrió hacia la tribuna y le propinó una patada voladora en el pecho. Luego vino una serie de golpes hasta que lograron contenerlo.

La sanción fue de nueve meses de inhabilitación, una multa de 30,000 dólares y 120 horas de trabajo comunitario. Años después, cuando un periodista le preguntó cuál había sido el mejor momento de su carrera, Cantoná respondió sin dudar: "Fue cuando le di la patada de kung fu a ese hooligan. Creo que es el sueño de mucha gente darle una patada a ese tipo de personas. Lo hice por ellos."

Para contextualizar un poco, Cantoná venía de una familia marcada por la resistencia antifascista: su abuelo materno, Pedro, era un republicano español que huyó de Barcelona cuando Franco tomó la ciudad, y llegó caminando hasta un campo de refugiados en el sur de Francia. No era una sorpresa su postura antifascista. Es más, en 2024, a días de la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas —con Marine Le Pen y la extrema derecha disparados en las encuestas— Cantoná publicó en Instagram: "Como decía mi abuelo Pedro, republicano español que luchó contra el fascismo: No pasarán. Prefiero morir de pie que vivir arrodillado". 

La pregunta que deja todo esto no es si Cantoná actuó bien o mal aquella noche, pero nos deja de relieve aquella paradoja de la tolerancia del filósofo Karl Popper: Para preservar una sociedad abierta y libre, se debe tener el derecho de no tolerar a quienes promueven la intolerancia o la violencia. 

En la reunión trilateral realizada ese mismo día, Estados Unidos rechazó la solicitud de México y Canadá de renovar el T-MEC de manera automática por 16 años adicionales, hasta 2042. En su lugar, Jaimeson Greer, representante comercial de Estados Unidos, solicitó que se realicen revisiones anuales durante un periodo de diez años. 

"Estados Unidos no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual. En consecuencia, el T-MEC no se renueva", aunque precisó que el acuerdo permanece vigente hasta que se resuelvan las deficiencias identificadas por Washington o hasta su eventual terminación.

Esto no significa que el tratado desaparezca. El T-MEC continuará vigente hasta 2036, y en cualquiera de las revisiones anuales que se realicen entre 2027 y ese año, cualquiera de los tres países integrantes puede volver a plantear una extensión por 16 años. Si no se logra consenso en ese lapso, el tratado finalizaría el 1 de julio de 2036.

Sí. El artículo 34.6 del tratado contempla la posibilidad de que cualquiera de las tres naciones se retire del acuerdo, siempre que notifique su decisión con al menos seis meses de anticipación. Hasta ahora, ninguno de los tres gobiernos ha manifestado esa intención.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, insistió en que el esquema de revisiones anuales "no añade incertidumbre", pues aseguró que el mercado ya había asumido ese escenario antes del anuncio. Según explicó, el número de temas pendientes entre ambos países se ha reducido: de 54 puntos planteados por Estados Unidos en 2025 a entre 10 y 11 en la revisión más reciente, lo que interpretó como una señal de que el mecanismo anual permite ir resolviendo diferencias de forma gradual.

Entre las preocupaciones que el gobierno de Estados Unidos ha puesto sobre la mesa están la pérdida de empleos manufactureros, la dependencia de insumos de otros países y el déficit comercial con México y Canadá. 

La siguiente ronda de negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos está programada para el 20 de julio en la Ciudad de México.

Los datos corresponden al preconteo, que por disposición constitucional no tiene carácter vinculante. La determinación definitiva recae en el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo encargado de conducir el escrutinio formal a través de jueces y notarios en todo el territorio colombiano. En esa etapa, las campañas pueden presentar impugnaciones o reclamaciones si así lo estiman necesario. Una vez concluido el proceso, el CNE emite las credenciales que certifican oficialmente al presidente y vicepresidente electos.

De confirmarse el triunfo de De la Espriella, Colombia se incorporaría a un bloque de gobiernos de derecha que en los últimos años ha ganado terreno en la región: Argentina, Perú, Chile, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Ecuador y Bolivia conforman hoy ese espacio político, en su mayoría alineado con las políticas económicas y de seguridad de la administración Trump en Estados Unidos.

La agenda de De la Espriella combina mano dura en materia de seguridad, austeridad fiscal y conservadurismo social. 

En el frente policial, propone un Plan Colombia 2.0 apoyado en drones e inteligencia artificial, la construcción de diez megacárceles de máxima seguridad inspiradas en el modelo que Nayib Bukele implementó en El Salvador, el endurecimiento de penas para delitos de alto impacto y la reducción de beneficios para reincidentes.

En economía, su programa apunta a alcanzar un superávit fiscal primario mediante un ajuste inicial estimado en 70 billones de pesos, acompañado de una reducción en los impuestos a las empresas, con la premisa de que –según él– esa medida estimularía la inversión y ampliaría la base tributaria a mediano plazo. También contempla la apertura al fracking y la firma de nuevos contratos petroleros. 

En el plano social, De la Espriella se pronuncia contra el aborto, la eutanasia, el feminismo y la adopción homoparental, y reivindica la defensa de la propiedad privada y del modelo de familia tradicional.

El resultado, cuando sea certificado, marcará el fin del ciclo que encabezó Gustavo Petro —el primer presidente de izquierda en la historia del país— y abrirá un período cuyas tensiones ya se anticipan en lo cerrado de los números: Colombia llega a este cambio de gobierno dividido prácticamente a la mitad.

La decisión abre la puerta a una economía donde la inversión privada, nacional y extranjera, empieza a ocupar un lugar central, en medio de una crisis económica y de una política de presión sostenida por parte de Donald Trump desde Washington. 

Más de 400 diputados se pronunciaron sobre 176 propuestas distribuidas en 23 ejes económicos. El paquete fue presentado por el primer ministro Manuel Marrero y llegó al pleno con el respaldo previo de la cúpula del Partido Comunista.

Entre los puntos que contempla la reforma se encuentran la reorganización de empresas privadas y estatales, cambios al sistema bancario, la apertura del turismo y la agricultura a capital privado, nuevas reglas para la inversión extranjera, ajustes fiscales, modificaciones salariales y una revisión del mercado cambiario. 

Daniel Torralbas, economista cubano consultado por la agencia AFP calificó el paquete como el programa de reforma más profundo de los últimos setenta años, mientras otros análisis lo sitúan como el cambio económico más amplio desde el triunfo de la Revolución en 1959.

Las reformas llegan en plena política de máxima presión del gobierno de Donald Trump sobre la isla, un escenario en el que el vicepresidente estadounidense, JD Vance ha señalado que Washington estaría dispuesto a mejorar relaciones con La Habana si las autoridades cubanas toman lo que él describió como decisiones inteligentes. Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel defendió el paquete como un esfuerzo por corregir problemas estructurales de la economía sin abandonar el modelo socialista que sostiene al gobierno desde hace más de seis décadas.

Pese al alcance del anuncio, todavía no existe un calendario oficial para poner en marcha las reformas, ni se han precisado del todo los mecanismos para varios de los cambios que se avecinan.