Es el presidente Javier Milei, quien encontró, por decreto, la cura definitiva contra las heridas de amor propio. Si un extranjero se atreve a criticar a Argentina, ahora podría quedarse sin entrar al país, o directamente ser expulsado si ya vive ahí. El comunicado se publicó la medianoche del miércoles en el Boletín Oficial.

La norma modifica la Ley de Migraciones para negar el ingreso a quienes hayan dirigido mensajes de odio, en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o algún ciudadano por su nacionalidad. También contempla a quienes hayan "ultrajado" símbolos patrios.

Y no solo aplica en la frontera, pues quienes ya residen en Argentina también pueden perder su residencia y ser expulsados si se les atribuyen esas conductas. 

El origen de tanta indignación oficial tiene fecha: el 19 de julio de 2026 con la final del Mundial 2026, cuando Argentina perdió la Copa del Mundo frente a España. Las críticas en redes sociales fueron suficientes para que el gobierno detectara una supuesta campaña "anti-Argentina", financiada –según Milei–, por Brasil y México, con el “generoso” auspicio del Partido Demócrata de Estados Unidos. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum tuvo que salir a aclarar que su gobierno no anda coordinando ofensivas diplomáticas por un partido de fútbol.

Entre los presuntos agentes de esta conspiración internacional, el canciller Pablo Quirno mencionó a la cantante Rosalía y al actor Samuel L. Jackson. La lista de enemigos de la patria, aparentemente, incluye ahora a Hollywood y a los Grammy.

Y en medio de todo esto, Milei también decidió llamar "ladrón" y "presidiario" al mandatario Lula da Silva durante un acto de la derecha brasileña. 

Aunque el decreto ya lo impulsó Milei, todavía debe pasar por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tiene diez días hábiles para decidir si esto tiene sentido jurídico o no. 

Eso sí, para no verse tan autoritario, el texto aclara que las expresiones de disenso ideológico y las críticas políticas, académicas o ciudadanas legítimas quedan excluidas. En teoría, esto significa que cuestionar al gobierno o sus políticas económicas no debería ser motivo de expulsión, aunque en la práctica todo dependerá de quién decida, ese día, qué cuenta como crítica legítima y qué cuenta como ofensa a la patria.

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Fue el diario New York Post quien lo informó este martes y que, de acuerdo con fuentes cercanas al medio, el presidente de los Estados Unidos, considera que Infantino cuenta con un gran prestigio internacional que podría unificar a los sectores que conforman a la comunidad internacional. 

“No sé si él y el presidente han hablado de eso. No he estado presente en todas sus conversaciones. Sé que hablan con frecuencia y que el presidente siente un gran respeto por Gianni y por lo que ha hecho con la FIFA”, señaló Leavitt. 

Esta situación se presenta a unos meses de que el actual secretario de la ONU, António Guterres termine su mandato al frente de la institución.  

Cabe mencionar que Donald Trump se ha caracterizado por mantener una relación distante y tensa con las Naciones Unidos, al grado de retirarse de varios acuerdos, como el Acuerdo de París sobre el cambio climático, problema que él considera, no existe. 

Incluso a comienzos de 2026, el republicano anunció la creación de la “Junta de Paz”, un organismo que, en palabras de su administración, pretende ofrecer una alternativa más “eficiente” para la resolución de conflictos globales, al considerar que la ONU no tiene las facultades necesarias para lidiar con los conflictos globales. 

La Junta de Paz tendría como primer eje de acción la "gestión y reconstrucción" de Gaza, un territorio destruido por Israel y al que el magnate estadounidense se ha referido en varias ocasiones como "un espacio para comercializar".  

La advertencia de Anwar surgió luego de que trascendieran denuncias sobre la presunta presencia de ciudadanos israelíes con doble nacionalidad dentro de una comunidad enfocada en tecnología ubicada en Forest City, en el estado de Johor, al sur del país. Se trata de "Network School", un proyecto de convivencia y trabajo compartido pensado para fundadores de startups y nómadas digitales, impulsado por un ex directivo de la firma de criptomonedas Coinbase.

En redes sociales circularon versiones que apuntaban a que varios participantes del proyecto eran israelíes que habrían ingresado al país utilizando un pasaporte de una segunda nacionalidad, evadiendo así las restricciones migratorias malasias.

Las autoridades ya tomaron acción sobre el terreno: inspectores de migración realizaron un operativo en el complejo y revisaron la documentación de 266 extranjeros provenientes de 40 países distintos, con el fin de verificar la legalidad de su estancia y confirmar su identidad. Anwar señaló que todas las agencias de seguridad del país están investigando a fondo el asunto.

El mandatario fue enfático al señalar que su gobierno no cederá en temas relacionados con la seguridad nacional ni con la posición política del país frente a Israel. Malasia, la segunda nación con mayor población musulmana del mundo, es uno de los países que con mayor firmeza ha respaldado la causa palestina en el plano internacional, postura que Anwar ha reiterado en distintos foros multilaterales al criticar la ofensiva israelí en Gaza.

Esa postura tiene respaldo legal: el Departamento de Migración de Malasia establece expresamente en su sitio web que ningún ciudadano de Israel o de Corea del Norte puede solicitar una visa de entrada al país. La restricción no es nueva. Desde hace años, Kuala Lumpur mantiene una política de no reconocimiento diplomático hacia Israel, ha limitado el ingreso de ciudadanos y empresas israelíes a su territorio, y prohíbe el atraque de embarcaciones con bandera israelí en sus puertos.

De acuerdo con Trump, el gobierno chino obtuvo 220 millones de archivos con información de votantes estadounidenses, entre ellos nombres, direcciones y otros datos utilizados en los procesos de registro electoral. El presidente no explicó cómo se habría producido esa filtración ni qué uso se le dio a la información.

El discurso incluyó otra acusación dirigida a cuatro estados gobernados por demócratas, a los que Trump atribuyó haber permitido el registro de al menos 250 mil votantes sin ciudadanía estadounidense. Tampoco en este caso el mandatario detalló los mecanismos de verificación que sustentan la cifra.

La lista de señalamientos se extendió a Rusia, Irán y Corea del Norte, países a los que Trump atribuyó capacidad para vulnerar la infraestructura electoral del país. Además, aseguró que existen decenas de informes de la CIA y la NSA sobre una supuesta manipulación electoral por parte de China que, según él, permanecieron ocultos. El presidente exigió el inicio de procesos judiciales, aunque no precisó qué figura delictiva podría aplicarse ni contra quién.

Las declaraciones del presidente llegan a poco menos de cuatro meses de las elecciones intermedias, programadas para el 3 de noviembre. Ese día se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 curules del Senado, en una votación que definirá el control del Congreso durante la segunda mitad del mandato de Trump.

La senadora Patricia Bullrich, al frente de la bancada oficialista, anunció el aplazamiento tras varias horas de negociaciones fallidas con sectores dialoguistas que se niegan a respaldar el capítulo que abre la puerta a la compra de tierras por parte de extranjeros. Ese apartado concentra buena parte de la oposición de fuerzas como el kirchnerismo y la izquierda, y es, según coinciden distintos analistas, el núcleo real de todo el paquete legislativo.

Diseñada desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger, la ley agrupa reformas a varias normas distintas. Endurece los requisitos para que el Estado pueda expropiar un inmueble, acelera los tiempos judiciales para desalojar viviendas y terrenos ocupados o con deudas de alquiler, y reescribe tanto la Ley de Tierras Rurales como la normativa de Manejo del Fuego. ¿Qué significa?

El centro del conflicto está en la reforma a la Ley de Tierras Rurales. Desde 2011, la norma vigente impide que capitales extranjeros posean más del 15 por ciento del suelo rural del país, ya sea a escala nacional, provincial o departamental, y fija además que ninguna nacionalidad en particular puede concentrar más del 30 por ciento de esa franja permitida. 

El proyecto del presidente Javier Milei, borra ese tope por completo. Como salvedad, conserva la prohibición de que gobiernos extranjeros compren tierra de manera directa, y añade que cualquier empresa con participación estatal extranjera en su capital deberá tramitar un permiso conjunto entre la provincia y la Nación.

Cabe mencionar que esta es la tercera ocasión que el debate se pospone y que el dictamen, que ya lleva quince versiones desde su primera presentación, deberá esperar hasta el 6 de agosto para volver a intentarlo.

La cita, según el Departamento de Estado, busca cerrar los "vacíos" que estos grupos aprovechan para operar. Lo que no queda claro, ni en el comunicado oficial ni en discursos previos de funcionarios estadounidenses, es qué organizaciones concretas caben dentro de esa etiqueta.

El gobierno de Trump ya colocó el sello de "terroristas" sobre cuatro colectivos: Antifa Ost, la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional, Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria. A la par, ofreció hasta 10 millones de dólares a quien entregue información útil para desmantelar sus fuentes de financiamiento. 

El problema, señalan analistas independientes citados por medios estadounidenses, es que el término "izquierda radical" se ha usado también para señalar a comunistas, socialistas, anarquistas, a movimientos antifascistas —que ni siquiera existen como organización única, sino como una postura política difusa— e incluso a demócratas de centro.

Trump ha retomado en semanas recientes una retórica que remite directamente a la Guerra Fría. Ante un auditorio conservador, a finales de junio, describió al comunismo como una enfermedad que debe detenerse dentro de Estados Unidos, en un discurso que coincidió con el ascenso electoral de varios candidatos socialdemócratas dentro del propio Partido Demócrata.

Dentro de la propia administración, algunos funcionarios han expresado en privado su inquietud por el rumbo de esta ofensiva discursiva. El temor, compartido por analistas externos, es que la ampliación del concepto de "terrorismo de izquierda" no responda únicamente a una lógica de seguridad nacional, sino que funcione como una herramienta política para construir consenso y, eventualmente, justificar acciones contra opositores progresistas dentro del propio país.

Mientras caminaba hacia los vestuarios, un hincha del Palace —Matthew Simmons, militante del National Front, el partido fascista británico— se abalanzó hacia las rejas y le gritó: "Vete a tu país bastardo, vuélvete a Francia". Cantoná no siguió caminando. Se liberó de los guardias de seguridad, corrió hacia la tribuna y le propinó una patada voladora en el pecho. Luego vino una serie de golpes hasta que lograron contenerlo.

La sanción fue de nueve meses de inhabilitación, una multa de 30,000 dólares y 120 horas de trabajo comunitario. Años después, cuando un periodista le preguntó cuál había sido el mejor momento de su carrera, Cantoná respondió sin dudar: "Fue cuando le di la patada de kung fu a ese hooligan. Creo que es el sueño de mucha gente darle una patada a ese tipo de personas. Lo hice por ellos."

Para contextualizar un poco, Cantoná venía de una familia marcada por la resistencia antifascista: su abuelo materno, Pedro, era un republicano español que huyó de Barcelona cuando Franco tomó la ciudad, y llegó caminando hasta un campo de refugiados en el sur de Francia. No era una sorpresa su postura antifascista. Es más, en 2024, a días de la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas —con Marine Le Pen y la extrema derecha disparados en las encuestas— Cantoná publicó en Instagram: "Como decía mi abuelo Pedro, republicano español que luchó contra el fascismo: No pasarán. Prefiero morir de pie que vivir arrodillado". 

La pregunta que deja todo esto no es si Cantoná actuó bien o mal aquella noche, pero nos deja de relieve aquella paradoja de la tolerancia del filósofo Karl Popper: Para preservar una sociedad abierta y libre, se debe tener el derecho de no tolerar a quienes promueven la intolerancia o la violencia. 

En la reunión trilateral realizada ese mismo día, Estados Unidos rechazó la solicitud de México y Canadá de renovar el T-MEC de manera automática por 16 años adicionales, hasta 2042. En su lugar, Jaimeson Greer, representante comercial de Estados Unidos, solicitó que se realicen revisiones anuales durante un periodo de diez años. 

"Estados Unidos no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual. En consecuencia, el T-MEC no se renueva", aunque precisó que el acuerdo permanece vigente hasta que se resuelvan las deficiencias identificadas por Washington o hasta su eventual terminación.

Esto no significa que el tratado desaparezca. El T-MEC continuará vigente hasta 2036, y en cualquiera de las revisiones anuales que se realicen entre 2027 y ese año, cualquiera de los tres países integrantes puede volver a plantear una extensión por 16 años. Si no se logra consenso en ese lapso, el tratado finalizaría el 1 de julio de 2036.

Sí. El artículo 34.6 del tratado contempla la posibilidad de que cualquiera de las tres naciones se retire del acuerdo, siempre que notifique su decisión con al menos seis meses de anticipación. Hasta ahora, ninguno de los tres gobiernos ha manifestado esa intención.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, insistió en que el esquema de revisiones anuales "no añade incertidumbre", pues aseguró que el mercado ya había asumido ese escenario antes del anuncio. Según explicó, el número de temas pendientes entre ambos países se ha reducido: de 54 puntos planteados por Estados Unidos en 2025 a entre 10 y 11 en la revisión más reciente, lo que interpretó como una señal de que el mecanismo anual permite ir resolviendo diferencias de forma gradual.

Entre las preocupaciones que el gobierno de Estados Unidos ha puesto sobre la mesa están la pérdida de empleos manufactureros, la dependencia de insumos de otros países y el déficit comercial con México y Canadá. 

La siguiente ronda de negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos está programada para el 20 de julio en la Ciudad de México.

Los datos corresponden al preconteo, que por disposición constitucional no tiene carácter vinculante. La determinación definitiva recae en el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo encargado de conducir el escrutinio formal a través de jueces y notarios en todo el territorio colombiano. En esa etapa, las campañas pueden presentar impugnaciones o reclamaciones si así lo estiman necesario. Una vez concluido el proceso, el CNE emite las credenciales que certifican oficialmente al presidente y vicepresidente electos.

De confirmarse el triunfo de De la Espriella, Colombia se incorporaría a un bloque de gobiernos de derecha que en los últimos años ha ganado terreno en la región: Argentina, Perú, Chile, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Ecuador y Bolivia conforman hoy ese espacio político, en su mayoría alineado con las políticas económicas y de seguridad de la administración Trump en Estados Unidos.

La agenda de De la Espriella combina mano dura en materia de seguridad, austeridad fiscal y conservadurismo social. 

En el frente policial, propone un Plan Colombia 2.0 apoyado en drones e inteligencia artificial, la construcción de diez megacárceles de máxima seguridad inspiradas en el modelo que Nayib Bukele implementó en El Salvador, el endurecimiento de penas para delitos de alto impacto y la reducción de beneficios para reincidentes.

En economía, su programa apunta a alcanzar un superávit fiscal primario mediante un ajuste inicial estimado en 70 billones de pesos, acompañado de una reducción en los impuestos a las empresas, con la premisa de que –según él– esa medida estimularía la inversión y ampliaría la base tributaria a mediano plazo. También contempla la apertura al fracking y la firma de nuevos contratos petroleros. 

En el plano social, De la Espriella se pronuncia contra el aborto, la eutanasia, el feminismo y la adopción homoparental, y reivindica la defensa de la propiedad privada y del modelo de familia tradicional.

El resultado, cuando sea certificado, marcará el fin del ciclo que encabezó Gustavo Petro —el primer presidente de izquierda en la historia del país— y abrirá un período cuyas tensiones ya se anticipan en lo cerrado de los números: Colombia llega a este cambio de gobierno dividido prácticamente a la mitad.

La decisión abre la puerta a una economía donde la inversión privada, nacional y extranjera, empieza a ocupar un lugar central, en medio de una crisis económica y de una política de presión sostenida por parte de Donald Trump desde Washington. 

Más de 400 diputados se pronunciaron sobre 176 propuestas distribuidas en 23 ejes económicos. El paquete fue presentado por el primer ministro Manuel Marrero y llegó al pleno con el respaldo previo de la cúpula del Partido Comunista.

Entre los puntos que contempla la reforma se encuentran la reorganización de empresas privadas y estatales, cambios al sistema bancario, la apertura del turismo y la agricultura a capital privado, nuevas reglas para la inversión extranjera, ajustes fiscales, modificaciones salariales y una revisión del mercado cambiario. 

Daniel Torralbas, economista cubano consultado por la agencia AFP calificó el paquete como el programa de reforma más profundo de los últimos setenta años, mientras otros análisis lo sitúan como el cambio económico más amplio desde el triunfo de la Revolución en 1959.

Las reformas llegan en plena política de máxima presión del gobierno de Donald Trump sobre la isla, un escenario en el que el vicepresidente estadounidense, JD Vance ha señalado que Washington estaría dispuesto a mejorar relaciones con La Habana si las autoridades cubanas toman lo que él describió como decisiones inteligentes. Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel defendió el paquete como un esfuerzo por corregir problemas estructurales de la economía sin abandonar el modelo socialista que sostiene al gobierno desde hace más de seis décadas.

Pese al alcance del anuncio, todavía no existe un calendario oficial para poner en marcha las reformas, ni se han precisado del todo los mecanismos para varios de los cambios que se avecinan.

El anuncio fue dado a conocer por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, país que participó como intermediario en las negociaciones. Sharif señaló que ambas naciones declararon la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano, y precisó que la ceremonia oficial se realizará el viernes en Suiza.

Minutos después, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó la noticia a través de su red social Truth Social, donde escribió que el acuerdo con Irán ya estaba cerrado. La publicación se dio el mismo día en que Trump cumplió 80 años. En mensajes posteriores, el mandatario ordenó la reapertura sin restricciones del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval que su país mantenía sobre puertos iraníes desde abril, aunque más tarde precisó que dicha apertura se concretará una vez firmado el acuerdo este viernes.

Por la parte iraní, el viceministro de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, confirmó que el pacto pone fin de manera inmediata a la guerra. Según indicó, tras la firma se abrirá un periodo de 60 días para negociar un acuerdo definitivo entre ambos países. Gharibabadi también detalló que las conversaciones finales, mediadas por Qatar, duraron alrededor de 15 horas antes de que ambas delegaciones aprobaran el texto. Se prevé que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y el general Mohammad Bagher Ghalibaf viajen a Ginebra para la firma, mientras que por Estados Unidos asistiría el vicepresidente JD Vance.

Por su parte, el Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes emitió un comunicado en el que aseguró haber impuesto su postura frente a Estados Unidos e Israel durante el conflicto.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, calificó el acuerdo como un paso fundamental para poner fin al conflicto. Según el comunicado de su portavoz, el pacto contempla un alto el fuego inmediato y permanente, la reapertura del estrecho de Ormuz y un marco para negociaciones futuras. Guterres agradeció además a Pakistán, Qatar, Egipto, Arabia Saudita y Turquía por su papel en las conversaciones, y expresó la disposición de la ONU para apoyar una paz duradera. 

Gobiernos europeos, entre ellos Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, también respaldaron el anuncio y manifestaron apertura a levantar parte de las sanciones impuestas a Teherán.

El estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas que se comercia a nivel mundial, había permanecido bajo control iraní desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero pasado. 

Hasta el momento, aún se conocen pocos detalles oficiales del acuerdo, aunque circula en medios iraníes lo que se describe como un documento de 14 puntos que incluiría temas pendientes como el futuro del programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones económicas y la situación de la ofensiva israelí en Líbano.

Tras regresar de una visita fallida a México, Díaz Ayuso publicó en sus redes sociales un mensaje dirigido a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, instándola a explicar qué es lo que existe bajo la calle Guatemala número 24 y a "decirle la verdad a su pueblo". 

El tono inquisitorio tenía la intención de señalar la violencia de las sociedades prehispánicas para presentar la llegada de los españoles como algo comprensible, si no directamente deseable. Para rematar, añadió que "México no existió hasta que llegaron los españoles", una afirmación que no resiste ni el análisis histórico más básico.

Lo más llamativo es la trampa lógica en la que cae su propio argumento. Si el problema con los mexicas era su recurso a la violencia, ¿cuál es exactamente la virtud de una conquista que arrasó ciudades, esclavizó poblaciones enteras y mató a decenas de miles de personas? La respuesta implícita parece ser que la violencia era aceptable, siempre y cuando viniera avalada por la corona española. 

Pregunten a la presidenta mexicana qué hay bajo tierra en la calle Guatemala nº 24 de Ciudad de México. Y por qué no lo abre al público, cuenta la verdad a su pueblo y se disculpa por tanta mentira. pic.twitter.com/3mwBwcGidp

Debajo del Museo del Cacao y Chocolate, en el número 24 de la calle República de Guatemala, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, se encuentra una de las estructuras arqueológicas más significativas que ha revelado el subsuelo de la antigua Tenochtitlán: el Huei Tzompantli, una plataforma ceremonial mexica construida con cráneos humanos.

El nombre proviene del náhuatl: "tzontli" refiere a cabeza o cráneo, y "pantli" significa hilera o fila. Juntos, forman una palabra que se traduce aproximadamente como "muro de cráneos". El prefijo "Huei" simplemente indica que se trata de la versión mayor o principal de esta estructura, que en el mundo mexica tenía antecedentes en distintas escalas.

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INAH

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la estructura estaba dedicada posiblemente al culto de Huitzilopochtli, deidad solar y patrono de la guerra. Los arqueólogos la ubican cronológicamente entre 1486 y 1502, es decir, durante el período de gobierno del tlatoani Ahuízotl, hacia el final del siglo XV y el inicio del XVI.

El INAH señaló que "el edificio debió haber sido tan sagrado para los mexicas, que requería del trabajo de personas especializadas para intervenir y conservar los cráneos colocados en él". Se trata, en otras palabras, de una obra de arquitectura ritual de alta complejidad.

Durante el virreinato, una casona colonial fue levantada directamente sobre los restos de la estructura, sepultándola durante siglos hasta que las excavaciones recientes la devolvieron a la superficie.

Hay un dato que suele omitirse y que rodean a este hallazgo, y es que la práctica de incorporar cráneos y huesos humanos en construcciones no es exclusiva de la civilización mexica ni de las culturas mesoamericanas. La Capilla de los Huesos en Portugal y las Catacumbas de París son dos ejemplos europeos bien documentados de esta misma práctica, con sus propias lógicas simbólicas y sus propios contextos históricos. La diferencia está en el uso que se hace de estos hallazgos: en un caso, se estudian como parte del patrimonio cultural de la humanidad; en el otro, se convierten en munición para debates que tienen más que ver con el presente político que con la comprensión del pasado.

La discusión cobró notoriedad cuando Hegseth fue consultado sobre si Irán utilizaba delfines kamikaze en el estrecho de Ormuz. El funcionario respondió: "No puedo afirmar ni negar que Estados Unidos tenga delfines kamikaze. Pero sí puedo negar que Irán los tenga".

Estados Unidos mantiene desde 1959 un programa de mamíferos marinos dentro de su Armada. En él se entrenan delfines y leones marinos para operaciones de vigilancia, detección de minas y protección de instalaciones costeras. En los años setenta, estos animales participaron en misiones antisabotaje en Vietnam, y en los ochenta fueron desplegados para proteger instalaciones en el Golfo Pérsico.

El origen de las versiones sobre delfines militares iraníes se remonta a fines de los años noventa y tiene como punto de partida una antigua base soviética en Sebastopol, Crimea. Durante la Guerra Fría, se echó a andar un programa secreto de entrenamiento de animales marinos para tareas de defensa naval. Tras la caída de la Unión Soviética, el proyecto quedó abandonado por falta de financiamiento.

Para 1999, la BBC publicó reportes según los cuales Irán había adquirido parte de esos animales como delfines, focas, leones marinos, marsopas e incluso una ballena beluga. 

De acuerdo con esos documentos, los mamíferos recibían entrenamiento para detectar buzos enemigos, transportar explosivos y aproximarse a embarcaciones con minas adheridas al cuerpo. Algunos delfines también habrían desarrollado la capacidad de distinguir submarinos soviéticos de barcos extranjeros mediante el sonido de sus hélices.

Sin duda, esto es una nueva arista en torno al conflicto que mantiene Estados Unidos e Israel con Irán, donde animales marinos también forman parte del batallón bélico de uno de los ejércitos más fuertes y despiadados del mundo. 

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró desde la conferencia matutina que la propuesta todavía se encontraba en análisis y que no existía ninguna decisión definitiva. Días después, la propia Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el ciclo escolar continuará tal y como estaba previsto desde un inicio.

La propuesta contemplaba concluir las clases el 5 de junio de 2026 en lugar del 15 de julio, lo que habría significado poco más de un mes adicional de vacaciones para estudiantes de educación básica y media superior. La medida buscaba responder tanto a las olas de calor como a la logística que implicará la realización de la Copa del Mundo 2026, torneo que arrancará el 11 de junio y que tendrá a México como una de las sedes principales.

Sin embargo, tras la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), la SEP informó que se mantendrán intactos los 185 días efectivos de clase establecidos en el calendario oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo con Mario Delgado, la decisión se tomó luego de revisar el impacto que tendría reducir el ciclo escolar en distintas entidades del país y tras atender el llamado de la presidenta para garantizar la continuidad educativa. El funcionario señaló además que preservar el calendario también brinda mayor certeza a millones de familias que organizan su rutina diaria con base en las fechas escolares.

Aunque la propuesta quedó descartada a nivel nacional, la SEP aseguró que sí existirá flexibilidad para atender situaciones extraordinarias en algunos estados, particularmente por temperaturas extremas o por necesidades logísticas relacionadas con el Mundial 2026. 

La discusión surgió luego de que Mario Delgado defendiera públicamente la posibilidad de recortar el ciclo escolar argumentando que, después de mediados de junio, muchas escuelas atraviesan un periodo con menor actividad y una carga más enfocada en trámites administrativos. Aun así, la propuesta terminó por quedarse solamente en una buena pero fallida intención.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que, hasta el momento, no existe una decisión definitiva sobre el tema y que la iniciativa sigue bajo análisis entre autoridades educativas federales y estatales.

La mandataria explicó que la propuesta surgió durante una reunión encabezada por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, con responsables de educación de las distintas entidades del país. En ese encuentro se discutió la posibilidad de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026, tomando en cuenta tanto el inicio del Mundial como las condiciones climáticas extremas que suelen registrarse en junio y julio.

“Aún no hay un calendario definido y la idea es que no se pierdan clases”, señaló Sheinbaum al referirse al posible ajuste.

De acuerdo con la propuesta difundida por autoridades educativas, el ciclo escolar concluiría el próximo 5 de junio de 2026, mientras que el regreso a clases para el periodo 2026-2027 se mantendría para el 31 de agosto. Esto implicaría un recorte importante en las actividades escolares presenciales durante el verano.

La medida se estudia principalmente para entidades que serán sede o tendrán alta actividad relacionada con el Mundial de Futbol 2026, entre ellas Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. El torneo internacional arrancará el 11 de junio y tendrá a México como uno de los países anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá.

En redes sociales, la SEP informó que las secretarías estatales de educación acordaron de manera unánime analizar un ajuste al calendario escolar para escuelas de nivel básico y medio superior. El argumento principal es proteger a las comunidades escolares frente a las temperaturas extremas que suelen intensificarse en esas fechas, además de facilitar la logística derivada del evento deportivo.

#SEPInforma🗞️ | La SEP y secretarías de educación de las entidades federativas acordaron de manera unánime un ajuste al calendario escolar 2025-2026 para escuelas de nivel Básico y Medio Superior, con motivo de las altas temperaturas y el Mundial de Futbol. 📆👀 El actual ciclo… pic.twitter.com/UDCLJ3sy2d

Como parte del esquema planteado, docentes y personal directivo regresarían a actividades el 10 de agosto para labores de organización y capacitación. Posteriormente, del 17 al 28 de agosto, se realizarían dos semanas enfocadas en reforzamiento académico con el objetivo de recuperar contenidos y evitar rezagos educativos.

De aprobarse la propuesta en sus términos actuales, el ajuste representaría alrededor de mes y medio menos de clases regulares presenciales, un escenario que ya comenzó a generar debate entre padres de familia, docentes y usuarios de redes sociales sobre el impacto académico que podría tener la medida.

Durante su participación, Ayuso insistió en la necesidad de defender la libertad de expresión y presentó el mestizaje como “un mensaje de esperanza y alegría”. En ese mismo discurso, remató: “la libertad no debe pedir perdón por ser libertad”. Sin embargo, su postura fue más allá de lo simbólico y  afirmó que “Así es como mueren las democracias, así es como está pasando en México, así es como está pasando en España, exactamente de la misma manera”.

Ayuso también dirigió sus críticas hacia el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) partido gobernante en México al recordar su primera visita al país. “La primera vez que vine a México, hace muchos años, fue la primera campaña en las que se presentaba Morena y nosotros ya habíamos pasado por la misma experiencia populista en España”. Con ello, trazó un paralelismo político que no tardó en generar incomodidad en distintos sectores.

El contexto de estas declaraciones fue el evento “Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México”, donde se defendió una visión de la conquista alejada de su carácter violento. En ese mismo espacio, el productor musical Nacho Cano intervino con una declaración que encendió aún más la polémica: “Queremos agradecer a la persona que hizo esto posible, porque me parece un país maravilloso, no hay ningún tema político aquí”. Y añadió: “Sin Cortés no habría México”.

El evento tenía previsto realizarse en la Catedral Metropolitana, pero fue cancelado por la Arquidiócesis Primada de México debido a la falta de permisos por parte de la producción. Finalmente, el acto se trasladó al Frontón México, donde se presenta “Malinche el Musical”, también impulsado por Cano.

En paralelo, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, sostuvo un encuentro con Ayuso en el que ambas apelaron a la unidad entre México y España. Desde ese espacio, la represente de la alcaldía llamó a evitar discursos que utilicen el pasado como herramienta de confrontación y reivindicó la figura de La Malinche como una mujer que, en medio de la violencia, “eligió hablar, traducir, conectar y ser puente cuando todo era guerra”.

Como era de esperarse, las reacciones comenzaron a surgir y desde España, la portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, cuestionó el uso de recursos públicos para los viajes internacionales de Ayuso al mencionar que “Madrid ni le ocupa ni le preocupa a la señora Ayuso. Dieciocho viajes internacionales en los últimos tres años en los que no se ha aportado ningún dato, ninguno, pero sorpresa, muchos de esos destinos internacionales sí coinciden con la red empresarial que tiene su novio”, lanzó.

En México, la diputada de Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz, confrontó directamente a la mandataria en el aeropuerto de Aguascalientes. “No estoy de acuerdo con el reconocimiento que le van a entregar. Yo sé que no es su culpa, se lo digo con mucho respeto. A usted la invitaron, pero usted ha realizado unas expresiones contra las y los mexicanos con las que no estoy de acuerdo”, le dijo.

A estas críticas se sumó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien respondió con dureza en el marco de la conmemoración de la Batalla de Puebla: “A quienes reviven la conquista como salvación, les decimos: están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto: están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades: están destinados a la derrota. A quienes piensan que la presidenta se arrodilla: están destinados a la derrota”.

Para muchas personas –incluyendo esta pluma– la reivindicación de figuras como Hernán Cortés, en un país donde las heridas de la conquista siguen siendo objeto de discriminación, revelan las hondas diferencias y nos muestran un discurso de poder donde se explica nuestra historia a través de una voz externa. Es decir, una hegemonía cultural. 

En oposición, desde las posturas más conservadoras, esas que precisamente intentan mantener esquemas de dominación políticos, económicos, sociales y de la vida en general, se ha puesto en escena un discurso que llama de manera peyorativa a los primeros “woke”. En la pretensión de descalificar sus lógicas y protestas, el discurso conservador y ultraconservador trata de mantener una visión bélica, racista y xenófoba, que menosprecia a quienes denomina “woke”, tildándolos muchas veces de frágiles, superficiales, o de pertenecer a la “generación de cristal”.

No obstante, ante la rebatinga de discursos, lo cierto es que quienes experimentamos este mundo y las maneras en que está constituido, no podemos pasar por alto la pobreza, el crimen organizado, la rapacidad de ciertos gobiernos, la precariedad de los empleos, la falta de reconocimiento de los derechos sociales y humanos históricamente ganados, la profunda desigualdad que siguen padeciendo ciertos grupos y, en general, toda la violencia que la organización de este sistema-mundo representa para los individuos y sociedades enteras; que se traduce en el impedimento del desarrollo de la vida. Un sistema-mundo más inclinado a propinar y establecer formas mortíferas, que ya han dicho autores como Bobby Banerjee (2008), con su idea de necrocapitalismo, basándose el concepto de necropolítica de Achille Membe.

En suma: la realidad por la que pujan los sectores conservadores en superponer a través de discursos, tendencias y esferas aisladas en la red, no encaja para nada con la turbulenta y criminal realidad de la que somos testigos día con día: el ver cómo la realidad que produce el sistema-mundo engulle todo a su paso, cuerpos, vidas, trayectorias, en suma, potencialidades que podrían aprovecharse para beneficio propio y ajeno, es tragado por estos esquemas de la explotación y muerte.

Ante ello y, sobre todo, ante la apabullante confección de discursos de odio ultraconservadores que intentan construir enemigos imaginarios, es oportuno y necesario hacernos siempre la pregunta de si aquello que leemos tiene que ver con la realidad que observamos y, de manera deseable, esgrimir de aquella pregunta un posicionamiento propio. 

Pensamiento crítico le llaman ahora y no es una cuestión de moda: ante la sobreinformación, mucha de la cual no es verificada ni proviene de fuentes confiables, es muy fácil ser presa de posturas radicales que intentan explicar desde el odio y la violencia fenómenos que, paradójicamente, se han producido desde ese sistema-mundo mortífero que propina aniquilación. Cambiar la dirección y creer en que “el mundo está como está” porque las nuevas generaciones “ya no aguantan nada” es conceder la legitimación de una visión que ha permitido que las formas de la violencia, el racismo, la xenofobia, sumadas ahora la acumulación y el hiperconsumo continúen no sólo con sus raíces intactas, sino cada vez más extendidas en nuestro pensamiento y entendimiento del mundo.

Valentina Tolentino Sanjuan es socióloga y Maestra en Filosofía por la UNAM, Doctora en Humanidades (línea Filosofía Moral y Política, UAM) y editora en Viceversa. Investiga sobre subjetividad a partir del cambio tecnológico; también sobre feminismos y literatura. Es miembro activo de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas y miembro de la Revista de filosofía Reflexiones Marginales Saberes de la Frontera de la UNAM. 

Autoridades estatales confirmaron que el 19 de abril de 2026 cuatro personas perdieron la vida, entre ellas dos agentes estadounidenses, luego de un accidente vehicular ocurrido en la sierra Tarahumara. El hecho se registró durante la madrugada, cuando el vehículo en el que viajaban cayó a un barranco en una zona de terracería.

El incidente ocurrió tras un operativo enfocado en desmantelar un presunto narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos. 

Uno de los puntos centrales de la controversia es la participación de agentes extranjeros en el operativo. De acuerdo con los primeros reportes, los funcionarios estadounidenses no contaban con autorización formal para realizar acciones en territorio mexicano.

Además de que los agentes portaban distintos tipos de visa —uno de turista y otro de trabajo— lo que ha intensificado las dudas sobre la legalidad de su presencia y sus funciones dentro del operativo.

La Fiscalía estatal reconoció posteriormente que no notificó a instancias federales ni militares sobre la participación de estos agentes, lo que representa una omisión en los protocolos de coordinación institucional.

En un inicio, la Fiscalía de Chihuahua indicó que los agentes fallecidos pertenecían a la Embajada de Estados Unidos. Sin embargo, el fiscal César Jáuregui Moreno modificó esta versión, señalando que los agentes no participaron directamente en el operativo, sino que se encontraron con el convoy posteriormente.

Por su parte, la gobernadora Maru Campos declaró que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional sí tenían conocimiento de la presencia de los estadounidenses, una postura que contrastó con la versión del gobierno federal, que afirmó no haber sido informado.

El caso escaló a nivel diplomático luego de que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresara condolencias públicas y reconociera el trabajo de los agentes en labores contra el narcotráfico.

En paralelo, el gobierno federal inició investigaciones sobre la actuación de agentes estadounidenses sin autorización en el país, así como sobre posibles fallas en la coordinación entre autoridades estatales y federales.

Como consecuencia de las inconsistencias en la información y las omisiones detectadas, el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, presentó su renuncia este martes 28 de abril. 

Durante una conferencia de prensa, el ahora ex funcionario reconoció fallas en la gestión institucional relacionadas con la presencia de agentes extranjeros, lo que, según sus propias declaraciones, vulneró los mecanismos de control y comunicación que debía garantizar como titular de la Fiscalía.

#Tendencia Japón rompe su legado pacifista y abre la puerta a la exportación de arm4s letales Japón marca un giro histórico en su política de defensa: el gobierno levantó la prohibición de exportar arm4s letales, redefiniendo el enfoque pacifista que caracterizó al país desde la… pic.twitter.com/UBNEBO6T6H

Hasta ahora, Japón solo podía vender al extranjero equipo militar no letal. Hablamos de sistemas de vigilancia, rescate o desminado. Con este cambio, el panorama se amplía. El gobierno abre la puerta a la exportación de aviones de combate, misiles y buques de guerra. Es un giro profundo en la forma en que el país se posiciona frente al mundo.

La justificación oficial es clara. En palabras de Takaichi, el entorno de seguridad global se ha vuelto más complejo y ningún país puede garantizar su estabilidad por sí solo. Bajo esta lógica, Japón busca fortalecer alianzas y participar de forma más activa en la cooperación militar con otros países. La medida permitirá vender armamento a al menos 17 naciones con las que ya existen acuerdos de defensa, entre ellas Estados Unidos, Reino Unido, Australia y varios países del sudeste asiático.

Este movimiento no ocurre en el vacío. En los últimos años, Japón ha incrementado su gasto militar y ha buscado consolidar su industria de defensa. Un ejemplo reciente es el acuerdo con Australia para la construcción de buques de guerra, liderado por la empresa Mitsubishi Heavy Industries. También participa en el desarrollo de un nuevo avión de combate junto a países europeos, señal de que su papel en la seguridad internacional está cambiando.

Pero el giro no está libre de tensión. Dentro de Japón, sectores de la población han salido a protestar para defender el espíritu del Artículo 9 de la constitución  japonesa; una cláusula que renuncia explícitamente a la guerra como derecho soberano. Para muchos, permitir la exportación de armas es un paso que contradice esa identidad construida durante más de 80 años.

En el plano internacional, la reacción tampoco se ha hecho esperar. China ha criticado la decisión y la ha calificado como un avance hacia una “remilitarización”, en un contexto donde las tensiones en Asia-Pacífico ya son elevadas. Corea del Norte, con su programa nuclear, y los conflictos en otras regiones del mundo también forman parte del telón de fondo que explica esta nueva postura japonesa.

Aún con este cambio, el gobierno insiste en que no se abandona el camino pacifista. Las exportaciones, aseguran, estarán sujetas a controles estrictos y, en principio, no se permitirán ventas a países en conflicto activo, salvo excepciones vinculadas a la seguridad nacional.

Lo que está en juego va más allá de la venta de armas. Japón está redefiniendo su papel en un mundo donde las alianzas, la defensa y la geopolítica vuelven a ocupar el centro de la conversación. La pregunta que queda en el aire es si este movimiento fortalecerá la estabilidad internacional o si añadirá más tensión a un escenario que ya se siente frágil.

Actualmente, alrededor del 75 por ciento del gas natural que se consume en México es importado. En términos simples, de todo el gas que mueve fábricas, genera electricidad y sostiene buena parte de la actividad económica, solo una fracción se produce dentro del territorio. El resto cruza la frontera, principalmente desde Texas. Esa balanza es la que el gobierno busca equilibrar.

La propuesta no implica una adopción inmediata del fracking, sino la apertura de una evaluación técnica. La presidenta ha planteado la creación de un comité científico que, en un plazo de dos meses, analizará si existen tecnologías capaces de reducir los impactos ambientales que históricamente han acompañado a esta práctica. El enfoque está en encontrar alternativas más limpias: uso de químicos menos agresivos, reciclaje de agua y procesos más controlados.

El fracking es una técnica para extraer gas o petróleo atrapado en formaciones rocosas profundas, conocidas como lutitas o esquistos. Consiste en perforar el subsuelo e inyectar agua a alta presión mezclada con arena y químicos para fracturar la roca y liberar el gas.

El problema es que este proceso puede implicar riesgos importantes. Entre los más señalados están el alto consumo de agua, la posible contaminación de mantos acuíferos y las afectaciones al entorno de las comunidades cercanas. Por eso, su uso ha sido cuestionado en distintos países y, en algunos casos, restringido o prohibido.

#MañaneraPresidenta | 💧⚡ FRACKING NO ES OPCIÓN POR AHORA Claudia Sheinbaum descarta el fracking tradicional por su alto consumo de agua y riesgos ambientales 🚫 Se analizan tecnologías más sustentables con expertos para definir la mejor ruta energética 🌱 pic.twitter.com/6BF5VIHtlZ

El punto de partida es claro: México tiene reservas importantes de gas, tanto en yacimientos convencionales como en no convencionales. Estos últimos, que requieren fracking para su extracción, incluso superan a los primeros en volumen. Sin embargo, acceder a ellos implica enfrentar riesgos ambientales que han generado rechazo en distintas partes del mundo.

Aun así, el potencial es difícil de ignorar. De desarrollarse estos yacimientos, la producción nacional podría crecer de forma significativa en los próximos años. Algunas proyecciones apuntan a que el país podría incluso triplicar su producción hacia 2035. Esto no eliminaría las importaciones en el corto plazo, pero sí permitiría reducir la dependencia y dar mayor margen de maniobra al sistema energético.

El contexto también empuja la discusión. La demanda de gas natural sigue creciendo, impulsada por nuevas plantas de generación eléctrica, la expansión industrial y proyectos estratégicos. Tan solo en los próximos años, se prevé un aumento cercano al 30 por ciento en el consumo de este combustible.

Además, el gas natural ocupa un lugar particular en la transición energética. Aunque es un combustible fósil, se considera menos contaminante que otros, por lo que funciona como un puente hacia energías más limpias. En paralelo, el gobierno ha reiterado su intención de aumentar la participación de fuentes renovables.

La discusión, entonces, no es solo técnica, sino política y social. Por un lado, está la urgencia de garantizar energía suficiente para sostener el desarrollo del país. Por el otro, la necesidad de hacerlo sin comprometer el medio ambiente ni las comunidades donde se ubican estos recursos.

En ese equilibrio se moverá la decisión. No se trata únicamente de si México puede hacer fracking, sino de cómo, bajo qué condiciones y con qué consecuencias. El resultado de ese análisis marcará el rumbo de la política energética en los próximos años.