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Las protestas en Irán se extienden a las 31 provincias del país mientras el Gobierno impone un apagón total de internet, deja decenas de muertos y enfrenta una creciente presión internacional

Lo que comenzó como una protesta económica localizada en el Gran Bazar de Teherán se transformó, en menos de dos semanas, en una de las mayores oleadas de movilización social en Irán desde 2022. El detonante fue claro: el desplome del rial iraní, la inflación desbordada —que alcanza hasta 70% en alimentos básicos— y una sensación generalizada de asfixia económica que atraviesa a millones de personas.

Los comerciantes, históricamente cercanos al poder clerical, bajaron las cortinas. Después vinieron los estudiantes, los jóvenes, los trabajadores. Hoy, las protestas se registran en las 31 provincias del país y han dejado de ser únicamente un reclamo por el costo de vida: en muchas ciudades, las consignas apuntan directamente contra la legitimidad del régimen instaurado tras la Revolución Islámica de 1979.

Un país prácticamente “offline”

Desde la noche del jueves, Irán permanece casi completamente desconectado del mundo. La organización NetBlocks confirmó que la conectividad nacional cayó a alrededor del 1% de sus niveles habituales, tras una orden gubernamental que bloqueó el acceso a internet en todo el país.

El apagón no es una medida nueva. El régimen ya recurrió a esta táctica durante protestas anteriores, como las de 2009, 2019 y 2022. Sin embargo, el contexto actual es más frágil: una economía debilitada, una población más joven y una presión internacional constante hacen que el silencio digital tenga un peso distinto. Sin internet, se dificulta la organización de las protestas, la comunicación entre manifestantes y la documentación de posibles abusos.

A la desconexión se suman vuelos cancelados y actualizaciones intermitentes de medios locales, lo que refuerza la sensación de aislamiento total.

Represión desigual y un saldo que sigue creciendo

Las fuerzas de seguridad han respondido de manera dispar según la región. En algunas ciudades se permitieron concentraciones multitudinarias sin intervención directa; en otras, como Tabriz, Dezful o zonas del oeste del país, se reportó el uso de gas lacrimógeno y munición real.

Organizaciones de derechos humanos contabilizan al menos 45 personas muertas desde el inicio de las protestas, entre ellas ocho menores de edad, además de más de 2,000 detenidos. El número podría ser mayor, pero el apagón informativo dificulta la verificación independiente.

En ciudades como Mashhad y Abadán, los manifestantes lograron replegar temporalmente a las fuerzas de seguridad. En Isfahán se incendió un edificio de la televisión estatal, mientras que en barrios de Teherán se reportaron ataques a mezquitas, hechos que el Gobierno atribuye a “agentes extranjeros”.

El discurso del enemigo externo

La respuesta política del régimen ha seguido una línea conocida: acusar a Estados Unidos e Israel de instigar los disturbios. El líder supremo, Alí Jamenei, afirmó que los manifestantes actúan como “mercenarios” al servicio de intereses extranjeros y advirtió que Irán no cederá ante lo que calificó como vandalismo.

El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, aseguró que el país no busca una guerra, pero está preparado para ella, mientras dejó abierta la posibilidad de negociar con Washington bajo condiciones de “respeto mutuo”.

En paralelo, medios estatales evitan mencionar el apagón digital y ponen el foco en subsidios anunciados por el Gobierno: apoyos económicos mínimos para la compra de alimentos, que muchos consideran insuficientes frente al deterioro del poder adquisitivo.

Trump, amenazas y presión internacional

Desde Estados Unidos, Donald Trump ha elevado el tono. El presidente advirtió que responderá con “un infierno” si la represión escala y responsabilizó al régimen iraní de cualquier derramamiento de sangre, aunque minimizó algunas muertes atribuyéndolas a estampidas.

Europa también ha reaccionado. La Unión Europea calificó de desproporcionada la respuesta del Gobierno iraní y condenó el uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos, además de criticar el bloqueo de internet como una señal de un régimen que teme a su propia población. Francia, Alemania y otros países han pedido moderación y respeto a los derechos humanos.

Más que una crisis económica

Aunque el colapso del rial y las sanciones internacionales explican buena parte del descontento, las protestas actuales revelan un malestar más profundo. La población menor de 30 años —casi la mitad del país— cuestiona no solo la gestión económica, sino los pilares ideológicos de la República Islámica: desde las normas sociales hasta la política exterior y el gasto en conflictos regionales.

Consignas como “Ni Gaza, ni Líbano, mi vida por Irán” resumen una frustración acumulada durante años. El recuerdo de las protestas de 2022, tras la muerte de Mahsa Amini, sigue presente, pero esta vez el eje no es solo el control social, sino la imposibilidad de sostener la vida cotidiana.

Un régimen bajo presión, un futuro incierto

Pese a la magnitud de las movilizaciones, analistas coinciden en que un cambio de régimen inmediato es poco probable. La oposición sigue fragmentada y no existe una alternativa política clara. Sin embargo, el mensaje es contundente: amplios sectores de la sociedad iraní han perdido la confianza en un sistema que responde a la crisis con represión, silencios forzados y amenazas externas.

Irán vive hoy una paradoja inquietante: un país lleno de voces en las calles, pero desconectado del mundo. El desenlace aún es incierto, pero el desgaste del poder clerical ya no puede ocultarse detrás de un apagón.

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Imagen de portada: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos