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Ante un acuerdo político de aprobar la Ley Sinde, la cual permitiría al gobierno español bloquear sitios que juzgue infringen leyes de derecho de autor, internautas españoles y el mismo director de la Academia de Cine, Alex de la Iglesia, se manifiestan en contra de esta ley

Los usuarios de Internet españoles se han volcado en contra de la Lay Sinde, como es conocido un apartado de la Ley de Economía Sostenible que trata sobre la propiedad intelectual y que permitiría al gobierno bajo bases poco claras y hasta posiblemente arbitrarías cerrar sitios de Internet que juzgue atentan contra la propiedad intelectual.

Al momento en Twitter se ha generado una ola de protestas y el director de la Academia de Cine, Alex de la Iglesia, ha anunciado que renunciará si se aprueba la ley. Algo que ha secundado también Santiago Segura.

La inconformidad con esta ley se ha acentuado luego de que se anunciará un pacto entre los partidos PP y PSOE para aprobar una versión de esta ley que ha sido apenas alterada ante las protestas que surgieron el año pasado y que no cambia de manera sustancial el fondo de esta ley, la cual hace al Ministerio de Cultura, con cierta supervisión del Ministerio de Justicia, el árbitro de la Red.

Además, la controversia acompaña a Ley Sinde ya que cables de WikiLeaks revelaron que se redactó a partir de presiones del lobby de Estados Unidos representando a las grandes corporaciones de Big Media. Esto sugiere también que la aplicación de la ley podría estar influida en la práctica por los intereses de estas corporaciones. Lo cual podría funcionar no sólo como una forma de proteger los derechos intelectuales –algo que  en un mundo donde “la información quiere ser libre” y que fluye exponencialmente es bastante discutible– sino también como una forma que tienen de las grandes corporaciones de protegerse de la competencia independiente y mantener sus oligopolios.

La Ley Sinde establece que se podrá actuar no sólo contra quien cause un daño a la propiedad intelectual, sino contra quien "sea susceptible de causar un daño patrimonial". De esta forma aunque es evidente que enlazar un texto de otro sitio o postear una foto de la que no se tienen los derechos no es un delito, sí podría argumentarse que esto es susceptible de causar daño patrimonial. Esto le otorga el poder de la Red a los censores del Estado.

La ley también contempla la creación de una lista negra para bloquear las URLs de contenidos infractores con hosting fuera de España (por lo cual podría afectar a sitios fuera de este país también como Pijama Surf).

Más allá de este atentado a la libertad de información, algunos bloggers apuntan que la ley será inefectiva ya que de aplicarse estrictamente debería de bloquear el 90% del Internet, incluyendo a los grandes medios. Por otra parte está el antecedente análogo de la ley francesa Hadopi, que fue aprobada hace un año y medio y que no ha conseguido que disminuyan las descargas o frenar la caída de la industria cultural para lo que supuestamente fue concebida.

Vía El Mundo